Desde 2014, es la cuarta ocasión que solicitan una
reunión a la Secretaría de Estado de Función Pública
El 35% de las 93 consultas recibidas durante el año
2016 por el programa “Clínica Legal” de la Coordinadora Estatal de VIH y sida
(CESIDA), dirigido al asesoramiento jurídico a personas con VIH ante
situaciones de discriminación, estuvieron relacionadas con el acceso a ofertas
de trabajo para empleos públicos, especialmente en relación a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.
Entre las causas de este importante porcentaje de
consultas, que muestra la discriminación que se vive en el ámbito laboral
dentro de las instituciones públicas, se encuentran determinadas exclusiones
médicas que se reflejan en las bases de oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, Guardia Civil, Cuerpos Militares o Policía
Nacional y que, de forma indirecta, sirven en muchas ocasiones como excusa para
excluir a las personas con VIH.
Igualmente, otra excusa para llevar a cabo dicha
exclusión es la sobrevaloración del riesgo de transmisión del VIH en el
desempeño de este tipo de ocupaciones, según se desprende de los escritos
emitidos por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Subdirección
General de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública
en los que se argumenta que “las funciones de las personas que trabajan en los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor
riesgo de contagio del VIH y justifican suficientemente el establecimiento de
un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros
cuerpos de la Administración”.
Con el fin de abordar y valorar esta situación, que
demuestra el desconocimiento por parte de la Dirección General de la Función
Pública de los avances que ha habido respecto al tratamiento y la transmisión
del VIH, la organización sindical Federación de Servicios a la Ciudadanía de
CCOO y tres organizaciones civiles vinculadas al VIH: CESIDA, Federación
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y Trabajando en
Positivo, han solicitado recientemente por carta una reunión con esta Dirección
General, siendo la cuarta ocasión desde 2014 en la que este hecho se produce
sin haber tenido una respuesta positiva hasta el momento.
En la carta, las organizaciones vuelven a recordar a
dicha D. G. que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del
trabajo, 2010 (núm. 200) de la OIT, como los avances, estudios científicos e
informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH, establecen que,
en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las
que tienen que ver con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no
supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de
adquirir o transmitir el VIH. Y le señalan que el Gobierno, como empresa, debe
ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía
se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral, de forma que las
empresas puedan establecer medidas antidiscriminatorias.
Según Diego Valor, “el estigma y la discriminación se
convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta
proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en
dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”.
Por su parte, según Julio Gómez, señala que “tras la
constitución del nuevo Gobierno y el nombramiento de la nueva Secretaria de
Estado, consideramos prioritaria esta reunión con el fin de valorar la
modificación y la adaptación de la normativa o reglamentos que dan cabida a
estas exclusiones injustificadas, para adecuarlos a lo establecido por los
acuerdos internacionales y nacionales que establecen una normativa en contra de
la discriminación laboral de las personas con el VIH.
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