El Ejecutivo autonómico ha manifestado su rechazo y
considera que se quiere fomentar las desigualdades
La Abogacía del Estado ha recurrido el Decreto Foral
de Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Gobierno navarro. En concreto,
se plantea suspender el artículo que hace referencia a las personas
beneficiarias de la prestación de servicios contemplados en la norma,
principalmente inmigrantes irregulares.
La noticia ha supuesto el rechazo frontal del
Ejecutivo navarro. Precisamente, la presidenta del Gobierno autonómico, Uxue
Barkos, ha manifestado que no comparte el recurso contencioso-administrativo
presentado y ha expresado su esperanza en que el Tribunal Constitucional no
suspenda la norma.
"La clave ahora estará en el hecho de que pueda
suspenderse o no" y ha señalado que espera que el Constitucional tenga
"la sensibilidad de que a la espera de la resolución de este recurso no
sea suspendida su aplicación". De hecho, el Gobierno de Navarra cuenta
ahora con un plazo de 10 días para argumentar que no se suspenda el mencionado
artículo del decreto foral.
Inmigrantes irregulares afectados
Asimismo, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento
autonómico, Koldo Martínez, ha lamentado que el recurso presentado por la
Abogacía del Estado en contra del Decreto Foral de Salud Sexual y reproductiva
dado que el mismo se centra en los servicios que se reconocen a “los colectivos
de inmigrantes irregulares”.
Martínez ha explicado que "el recurso se centra
en los servicios que la norma, aprobada por el Gobierno foral, reconoce a los
colectivos de inmigrantes irregulares, aquellos que por su situación
administrativa sufren mayor vulnerabilidad". "El recurso es fruto de
unas políticas que pretenden fomentar las desigualdades y no estamos dispuestos
a aceptarlo", ha asegurado en un comunicado.
En ese sentido, ha aseverado que el Ejecutivo
autonómico defiende “una atención sanitaria integral para todos y todas las
navarras, también para los colectivos más excluidos y vulnerables", al
tiempo que ha reprochado que "el Partido Popular no solo no reconoce
derechos a estas personas no dotándoles de medios, sino que trata de impedir”
que otros lo hagan.
El portavoz de Geroa Bai ha afirmado que "se
trata de un nuevo ataque contra el autogobierno navarro que se suma a los
recursos interpuestos por el Tribunal Constitucional contra leyes navarras o a
las competencias pendientes de ser transferidas a la Comunidad foral".
"Una deriva centralizadora con la que, una vez más, no tiene ningún reparo
en judicializar la política, en esta ocasión, evitando la instauración de
políticas progresistas", ha zanjado.
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