La mutilación genital femenina es un rito de paso a
la edad adulta, un elemento de socialización de las niñas, una práctica
forjada en un entramado de creencias culturales, tradiciones, a veces también
religión mal entendida y, desde luego, presiones de los mayores, de la
comunidad. Una amalgama compleja que acaba en ataque a la integridad física de
las mujeres, que no puede defenderse como "práctica saludable"
-porque ni cura ni previene nada, sólo causa dolor- ni como
"imprescindible rasgo cultural" -cuando hay infinitas alternativas al
corte, la ablación, los puntos, para marcar las etapas de una vida o pedir
fidelidad a una mujer-.
Actualmente hay más de 200 millones de mujeres y
niñas vivas que han sido objeto de algunos de los cuatro tipos de mutilación
genital en la treintena de países donde se concentra esta práctica, la mayoría
en África pero también en Oriente Medio y Asia. Son datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Pero los casos ya no se concentran sólo allí, el
mundo global y sus migraciones han hecho que la prevención y la vigilancia para
que ninguna mujer más pase por este trance sea también una preocupación de
Occidente. También, claro, en España.
Yolanda Rodríguez, actual presidenta de Médicos del
Mundo (MDM) Navarra y mediadora de referencia de la ONG sobre mutilación
genital femenina, explica que en nuestro país no puede hablarse de un
"problema", porque la emigración desde los países donde esta práctica
está extendida es "minoritaria". Según datos del Ministerio de
Sanidad, hay unas 200.000 personas procedentes de dichos estados, de los que
55.000 son mujeres y niñas. Pese a ello, hay que estar "vigilantes"
para que no se produzcan casos en las 24.000 chicas en que se cifra la
población de riesgo, según el cálculo de la Fundación Wassu de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
La mutilación genital femenina se clasifica en cuatro
tipos principales según las Naciones Unidas:
Tipo 1 - Este procedimiento, denominado a menudo
clitoridectomía: resección parcial o total del clítoris (órgano pequeño,
sensible y eréctil de los genitales femeninos) y, en casos muy infrecuentes,
solo del prepucio (pliegue de piel que rodea el clítoris).
Tipo 2 - Este procedimiento, denominado a menudo
excisión, consiste en la resección parcial o total del clítoris y los labios
menores (pliegues internos de la vulva), con o sin excisión de los labios
mayores (pliegues cutáneos externos de la vulva).
Tipo 3 - Este procedimiento, denominado a menudo
infibulación, consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal, que se
sella procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, a veces
cosiéndolos, con o sin resección del clítoris (clitoridectomía).
Tipo 4 - Todos los demás procedimientos lesivos de
los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación,
incisión, raspado o cauterización de la zona genital.
Por desinfibulación se designa la técnica consistente
en practicar un corte para abrir la abertura vaginal sellada de una mujer
previamente sometida a infibulación, lo que suele ser necesario para mejorar su
estado de salud y bienestar y para hacer posible el coito o facilitar el parto.
MDM, la ONG más activa en cuanto a prevención se
refiere en España, hace balance en este Día Internacional contra este tipo de
violencia e insiste en que se dan "muy pocos" casos -en su mayoría en
chicas que viajan a sus países de origen y ven cómo sus familias las obligan a
pasar por la mutilación-, porque "ha calado el mensaje" de que es un
ultraje para la mujer y puede tener incluso consecuencias penales; mediadoras
africanas, muchas de ellas víctimas antes que educadoras, trabajan a diario en
ello. La semilla que plantan en las comunidades de riesgo acaba dando frutos en
sus países de origen, "los mensajes clarificadores tienen en las familias
que están en España un efecto multiplicador que está haciendo que las cosas
cambien en sus sociedades locales", sostiene Rodríguez.
Los países de procedencia de la población de riesgo
son, por este orden, Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana, Guinea Conakry,
Mauritania, Camerún y Guinea Bissau, donde la prevalencia de los casos suele
superar el 85%.
El primer caso de niñas sometidas a esta agresión en
su país se detectó en 1993, cuando la alerta sonó por una anemia severa en el
caso de dos menores. Se había pagado el viaje desde su país a una
circuncidadora. No obstante, aunque la práctica es frecuente en naciones como
Francia, no se han detectado más casos así ni parecidos al que, en enero, se dio
en Murcia, cuando se descubrió a un falso sanitario que circuncidaba a niños
sin formación ni medios.
El trabajo de sensibilización, de apertura de ojos,
es casi una filigrana, tan complejo y sutil es. Rodríguez narra el ejemplo de
Navarra, donde comenzó a actuarse en 2008. "Primero se hace una labor de
archivo, buscando en las estadísticas del INE para detectar dónde puede haber
personas de las nacionalidades que nos preocupan. Una vez localizadas, entramos
en contacto con asociaciones que ya tengan creadas, con trabajadores
sociales... A veces, accedíamos a las mujeres a través de los hombres,
habitualmente más organizados por ser ellos los primeros que llegaron a España
como avanzadilla. Luego, conversamos con las mujeres hablando del tema a través
de otros asuntos. Las citamos a una charla sobre economía doméstica y acabamos
hablando de planificación familiar, de salud sexual... y de mutilación. A veces
es algo lento, pero es seguro", justifica.
Se enfrentan a mitos muy arraigados, como que la
mutilación asegura la fidelidad de una mujer, la hace más fértil, agranda el
placer masculino... "¿Beneficios para la salud? Ninguno. ¡Sólo
daños!", como escribe enfáticamente la OMS. Hay que ir desmontando unos
esquemas muy férreos, pero la información gana terreno. "Las familias se
dan cuenta de que someter a sus hijas a esta práctica es un paso atrás en sus
derechos", insiste Rodríguez.
PROTOCOLOS ESENCIALES
No obstante, más allá del cambio de mentalidad, hace
falta un protocolo que permita detectar casos y denunciarlos. Actualmente,
existe uno nacional, aprobado en 2015, y varios regionales, en Navarra,
Cataluña, Aragón, País Vasco y, ahora, Baleares. El primero, el general, se
aplica en la sanidad, unificando instrucciones para los médicos de atención
primaria, ginecólogos, pediatras... Lo fundamental es que pide a los sanitarios
que hablen con sus pacientes y, si detectan que van a viajar a sus países de
origen, donde se incrementa el riesgo de mutilación, les reclamen que firmen un
papel en el que se comprometen a mantener intactas a sus hijas. En el caso de
que se nieguen, se informa al departamento autonómico de protección de menores
y éste a la fiscalía, que puede tomar decisiones como la retirada del pasaporte
a los padres, la niña o ambos para impedir dicho viaje.
Los padres viajan con ese documento a sus países,
para explicarle a sus familiares que en España es un delito y que no deben
llevarla a cabo -no es la primera vez que las ablaciones se hacen por abuelos o
tíos- y también se revisa a las menores al regreso, por comprobar que todo está
bien. Por ahora, los resultados de este protocolo están siendo satisfactorios.
No obstante, tanto Médicos del Mundo como otros
organismos de defensa de la mujer lamentan que el protocolo nacional se limite
al campo sanitario, cuando los casos se pueden detectar en otras áreas. Así,
los textos autonómicos incluyen, por ejemplo, la coordinación con trabajadores
sociales o con profesores, un círculo integral de alerta. "A veces se
enteran antes las vecinas o los compañeros del colegio... Todos los de su
entorno deberían estar informados sobre qué hacer", añade la especialista
de la ONG.
Sanidad recoge en un informe elaborado hace casi dos
años el caso de una niña de siete años que, en 2002, comentó a sus compañeros
de clase que la iban a mandar sola a un país africano y que no quería ir.
Gracias al aviso de sus amigos la fiscalía intervino y retiró el pasaporte a la
pequeña, poniéndola bajo tutela de la administración pero aún viviendo con sus
padres. Fue una lección definitiva.
La información no sólo es esencial para frenar nuevos
casos, sino para tratar los existentes. Muchas mujeres víctimas no asumen que
sus problemas de salud proceden de una práctica que sus comunidades defienden a
ultranza. El ministerio que dirige Dolors Montserrat reconoce que es
"difícil" hacer algunos exámenes o llevar incluso una estadística
porque hay menos controles ginecológicos en estas comunidades -pudor,
vergüenza, falta de hábito- o porque los profesionales españoles tampoco tienen
la formación necesaria para detectar lo que pasa ni han visto en su trayectoria
heridas así.
Que quede reflejado en la historia médica es un
debate abierto, entre los que consideran que puede ser un dato muy personal de
las pacientes y los que creen que puede ayudar en tratamientos futuros. Si
consta, como defienden las ONG, se puede actuar mejor en caso de sangrados,
infecciones urinarias recurrentes, partos complicados...
LAS CONSECUENCIAS PENALES
En España, tras la reforma del Código Penal en 2003
el artículo 149 fija penas de prisión de seis a 12 años "al que causare a
otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones";
"si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, si el juez lo estima
adecuado al interés del menor o incapaz”, abunda el texto. Técnicamente, se
trata como un delito de lesiones con el agravante de género. Las leyes de
protección a la infancia o el Convenio del Consejo de Europa protegen
igualmente a las víctimas.
Los casos sobre los que la jurisdicción española
tiene competencias son los que implican a niñas que viven en España, cuyos
padres residan aquí o sean nacionales y si se recurre a un consulado español en
los países de origen, en caso de peligro. En los casos de reagrupación familiar
o adopción, cuando la niña viene ya mutilada sin haber sido antes ciudadana
española, no hay posibilidad de actuar. Sí se han dado casos como el de una
niña, en 2004, adoptada en España y que al venir, a los 11 años, fue sometida a
una desinfibulación para intentar corregir el daño causado. Ha sido el primer
caso del que se tiene noticia en el territorio nacional.
Uno de los atenuantes que se han aplicado en varios
casos es el del llamado "error de prohibición", cuando los
progenitores defienden que no sabían de la operación, que la habían llevado a
cabo sus familiares sin su consentimiento.
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