Una comisión de expertos tratará de recoger "lo mejor" de las normas europeas. La regulación fijará una prestación equiparable en todas las comunidades
El Gobierno hará una nueva ley de interrupción del embarazo, 23 años después de la que aún está en vigor en España. No habrá, pues, una reforma, sino un texto completamente nuevo, que "incorpore lo mejor de la legislación internacional" sobre el aborto y que garantice, dijo la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, "los derechos fundamentales de las mujeres que libremente deciden interrumpir su gestación y de los facultativos que las atienden". Algo más: la ley nueva tiene vocación de equidad territorial, o, como resumió Aído: "No puede ser que en España una mujer que decide interrumpir su embarazo tenga un tratamiento diferente dependiendo de cada comunidad".
El nuevo texto quiere garantizar la seguridad jurídica de mujeres y médicos
El PSOE buscará el "máximo consenso" en la subcomisión del Parlamento
El Ministerio de Igualdad presentó ayer la comisión de expertos que asesorará al Gobierno para la nueva ley. Trabajarán en ello seis meses y se espera que el proyecto esté en el Congreso antes del fin de primer semestre de 2009. Sus reflexiones se sumarán a las de la subcomisión que se creará en la Cámara Baja para sacar la ley "con el máximo consenso posible", deseó la ministra Aído. Hoy mismo, la diputada socialista Carmen Montón presentará la documentación para formar la subcomisión.
La mirada a Europa que mencionó la ministra hace pensar que el Ejecutivo buscará un modelo semejante al francés, con una ley de plazos que permita a la mujer abortar en las primeras semanas sin más razón que su propia voluntad. Los demás supuestos que ahora permite la ley (malformación del feto y riesgo para la salud de la madre) podrían convivir con ese modelo quizá con algún retoque.
Las clínicas privadas, que han practicado abortos casi en exclusiva desde 1985, cuando entró en vigor la ley actual, se manifestaron ayer desconcertadas porque no han sido incluidas en la comisión de expertos. "Tuvimos una entrevista con Aído en julio y dábamos por hecho que formaríamos parte de esa comisión, pero al parecer no quieren contar con nuestra experiencia", lamentó Empar Pineda, de la clínica Isadora, quién no cuestionó en absoluto la solvencia del equipo que asesorará al Gobierno. Las titulares de estas clínicas han reconocido en ocasiones que la sanidad pública debía encargarse de hacer abortos, algo que casi no ocurre; en algunas comunidades, como en Navarra, es imposible abortar, ni por lo público ni por lo privado.
La presidenta de la Fundación Línea de Atención a la Mujer, Sandra Gerez, lamentó que el comité de expertos "no incluya a organizaciones que trabajan en favor de la vida". Y el portavoz de La Vida Importa, Juan Sánchez, criticó que se esté "dando la espalda a unos y la mano a otros".
Los expertos:
- José Luis G. Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón.
- Elena Arnedo. Ginecóloga. Pionera de la Asociación Española de Planificación Familiar.
- Javier M. Salmeán. Jefe de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid).
- María Durán. Jurista especializada en violencia de género. Fue vicepresidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas.
- José María Bedoya. Catedrático de Ginecología de la Universidad de Sevilla.
- Consuelo Catalá. Fundó la Plataforma por los Derechos del Nacimiento. Presidió la asociación de clínicas de abortos.
- Francisco Donat. Ginecólogo y catedrático de Enfermería Materno Infantil.
- Patricia Laurenzo. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.
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