La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presidido la constitución del comité de expertos sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Formado por ocho expertos, así como por representantes de los ministerios de Igualdad, Justicia, Sanidad y Presidencia, tiene previsto desarrollar su trabajo a lo largo de los próximos seis meses. Las conclusiones de este comité, así como las recomendaciones finales de la subcomisión que creará el Parlamento a tal efecto, servirán de base para la elaboración de una nueva ley.
Aído ha señalado que con la creación de este grupo de trabajo “iniciamos el camino hacia para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, una ley nueva, que sea la mejor posible”. La ministra ha señalado que el objetivo es crear una norma que “garantice los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales que las atienden” y “la equidad territorial”.
La futura ley, ha asegurado Aído, incorporará “lo mejor de la legislación existente en esta materia” y “deseamos que obtenga el mayor consenso posible”.
La ministra de Igualdad ha recordado que fue en 1985 cuando se aprobó la actual legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y 23 años después “es lógico que se plantee una revisión que contemple la evolución que ha experimentado la sociedad española”.
Asimismo ha dado las gracias en nombre del Gobierno a las personas que han aceptado participar en este grupo de estudio y ha destacado “el alto nivel científico e intelectual de todos” y la presencia de profesionales de la medicina y juristas de primer nivel.
Aído ha señalado que con la creación de este grupo de trabajo “iniciamos el camino hacia para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, una ley nueva, que sea la mejor posible”. La ministra ha señalado que el objetivo es crear una norma que “garantice los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales que las atienden” y “la equidad territorial”.
La futura ley, ha asegurado Aído, incorporará “lo mejor de la legislación existente en esta materia” y “deseamos que obtenga el mayor consenso posible”.
La ministra de Igualdad ha recordado que fue en 1985 cuando se aprobó la actual legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y 23 años después “es lógico que se plantee una revisión que contemple la evolución que ha experimentado la sociedad española”.
Asimismo ha dado las gracias en nombre del Gobierno a las personas que han aceptado participar en este grupo de estudio y ha destacado “el alto nivel científico e intelectual de todos” y la presencia de profesionales de la medicina y juristas de primer nivel.
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