lunes, 26 de marzo de 2018
España suspende. Presentamos informe a ONU
La FPFE es
una de las 36 organizaciones que presentan informe ante el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que está examinando a España. Los derechos sexuales y reproductivos,
mal parados.
El informe sombra analiza cómo, desde 2012, las políticas y normas
de austeridad adoptadas al amparo de la crisis económica y bajo el pretexto de reactivar
la economía, han causado una importante regresión en el reconocimiento y el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y han
ampliado la brecha de desigualdad económica y social. Además de en los derechos
sexuales y reproductivos desde el derecho a la salud, el informe se centra
también en el derecho al trabajo y el máximo de los recursos disponibles.
Las
organizaciones, entre las que además de la FPFE está la Asociación de
Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, informan al Comité DESC de que
la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2011 no ha
contado apenas con presupuesto para su aplicación “ni se ha aplicado en su
conjunto”. Resaltan el impacto del Decreto 16/2012 por el que se ha afectado a
las mujeres inmigrantes “al privarlas del acceso gratuito a os servicios de
salud sexual y reproductiva, al impedir su acceso a interrupciones voluntarias
de embarazo y al no permitir que puedan disfrutar de medidas de planificación
familiar”. Denuncian los
impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a
interrumpir voluntariamente su embarazo al margen del sistema sanitario
público.
Advierten de que “el acceso a la anticoncepción de urgencia es
desigual en las distintas comunidades autónomas” y denuncian que hay grandes
inequidades en la atención a la anticoncepción entre comunidades. El informe
indica que, por ejemplo, sólo 6 CC.AA. han realizado campañas de
sensibilización en los últimos 5 años, lo que se traduce en que en este tiempo
“más de cinco millones de mujeres en edad fértil no han recibido información
institucional sobre el uso de anticonceptivos”. Se informa al Comité DESC, además, de que “se ha reducido el
número de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud”.
La
educación sexual es también materia de este informe que se espera que el Comité
de Naciones Unidas tenga en cuenta durante las sesiones de evaluación a España.
En él se recuerda que el Sistema Nacional de Salud no ha incorporado de manera
clara ni suficiente la educación para la salud sexual y reproductiva, y tampoco
en los centros educativos, en los que, cuando existe, esta materia carece de
sistematización “y muchas veces, de contenidos científicos actualizados”. El
informe incluye también carencias para combatir la violencia sexual o para
prevenir y tratar el VIH, entre otros asuntos.
Por todo
ello, las organizaciones firmantes del informe, entre ellas la FPFE, plantean
unas recomendaciones para que el Estado español desarrolle “un marco de
actuación y protección integrado e integrador que incorpore la diversidad de
prestaciones relacionadas con los derechos y la salud sexual y reproductiva”:
Ø Evitando
las situaciones de inequidad que se producen entre comunidades autónomas.
Ø Trabajando
desde la educación y la prevención.
Ø Incorporando
a los servicios a toda la población (sin importar la situación administrativa o
la edad y poniendo el énfasis en las diferentes vulnerabilidades y
discriminaciones).
Ø Supervisando
que la objeción de conciencia de profesionales no se convierta en una barrera
para las mujeres que quieren realizar una interrupción voluntaria del embarazo.
Ø Ampliando
la legislación a las violencias de género fuera del marco de la pareja o
expareja, dotándolas también de asistencia, protección, justicia y reparación.
Ø Asignando
un presupuesto adecuado que permita abordar todas las áreas relacionadas con la
salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Ø Financiando
de forma adecuada los programas para enfrentar la violencia machista y promover
la equidad de género.
Ø Asegurando
que las políticas económicas y sociales adoptadas tengan en cuenta las
diferentes consecuencias sobre los derechos de las mujeres y la igualdad, tal y
como recomendó el CEDAW en 2009.
Junto con
la FPFE, firman este informe las siguientes organizaciones: Center for Economic
and Social Rights (CESR),Médicos del Mundo, Oxfam-Intermón, Observatori DESC,
Asociación de Economía de la Salud (AES), Federación de Asociaciones en Defensa
de la Sanidad Pública (FADSP), Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), Asociación
de Enfermería Comunitaria, Comisiones Obreras (CCOO), Sindicato Unión General
de Trabajadores (UGT), ARI-PERU, Asociación con la A, Asociación de Mujeres
Integradoras para la Igualdad Psicosocial (AMILIPS), Asociación Feminista
Tiemar, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIET), Asociación de Planificación Familiar de Catalunya I Balear
(APFCIB), Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Centro
de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM), Ciudadanía Contra la
Exclusión Sanitaria (CESIDA), Federación Mujeres Jóvenes, Forum de Política
Feminista, Frente de Lucha Feminista (FLF), Fundación Haurralde, Iniciativas de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (ICID), Liga Internacional de las Mujeres por
la Paz y la Libertad España
(WILPF), Medicusmundi, ODUSALUD, Oxfam-Intermón, PASUCAT, Red Transnacional de Mujeres/Networkwoman, Salud por Derecho, SOS Racismo,
Trabajando en Positivo, y Women´s Link Worldwide (WLW).
Etiquetas:
derechos reproductivos,
derechos sexuales,
fpfe
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