lunes, 5 de marzo de 2018
Cifuentes externaliza la casi totalidad de abortos a la red de centros privados
Solo nueve de las 15.987 interrupciones voluntarias
del embarazo (IVE) registradas en la Comunidad de Madrid en 2016 se realizaron
en centros públicos.
Desde que en 2010 entró en vigor la ley de plazos,
que garantiza el derecho al aborto como una prestación sanitaria más, el
porcentaje de IVE realizados en centros públicos a nivel nacional ha ido en
aumento mientras que en la región la cifra es prácticamente residual.
De los 15.987 abortos voluntarios que se registraron
en la Comunidad de Madrid en 2016, solo nueve se realizaron en centros
públicos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad. Mientras que la tendencia en los últimos años a
nivel nacional es de crecimiento en el número de interrupciones voluntarias de
embarazo (IVE) en centros públicos, en la región la cifra apenas es residual.
En 2010, primer año en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de
Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza el derecho al aborto como
una prestación sanitaria más, el porcentaje de IVE realizadas en centros
públicos en toda España fue del 1,84%. En 2016 -últimos datos disponibles- la
cifra había crecido al 11,73%, con aumentos exponenciales en Cataluña, Comunidad
Valencia o Islas Baleares.
En ese mismo periodo de tiempo, las cifras en la
Comunidad de Madrid no han llegado ni al 0,1%, un dato que es incluso inferior
al de años en los estaba en vigor la ley de 1985, más restrictiva que la actual
y que no contemplaba la prestación pública del aborto. En 2005 y 2006, por
ejemplo, el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos fue del 1,5 y
1,6%, respectivamente.
La Consejería de Sanidad señala que la casi ausencia
de abortos a petición de la mujer en los centros públicos de la comunidad, se
debe, además de a la objeción de conciencia de los profesionales, “al descenso
de la cifra global de IVE, entre otros factores”, que no especifican. La
realidad es sin embargo diferente, según la opinión de expertos consultados por
eldiario.es, quienes achacan a una ausencia de voluntad política para que los
abortos no se realicen de manera mayoritaria en centros públicos.
“Primero tiene que haber una decisión política y
luego se tienen que dar tres criterios indispensables para ello: dotación
presupuestaria, criterios organizativos y una formación previa de los
profesionales”, detalle Luis Enrique Sánchez, médico de la red madrileña y
experto en Planificación Familiar y Salud Pública, quien explica que si bien
los ginecólogos están formados para la realización de abortos instrumentales de
urgencia, estas técnicas “necesitan un entrenamiento y formación continua”. El
experto señala que hoy por hoy ninguna de estas tres circunstancias se da en la
Comunidad de Madrid. Tampoco se improvisan de un día para otro “y para hacerlo
mal es mejor no hacerlo”, indica Sánchez, quien subraya la buena atención que
siguen prestando los centros concertados ante la ausencia de centros públicos
madrileños que lleven a cabo IVE.
Abortos en la red pública catalana
Hildegard Mausbach, ex presidenta de la Sociedad
Catalana de Contracepción y ginecóloga de una unidad de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva (ASSIR) de Cataluña, explica cómo la región ha logrado
que casi la mitad de los abortos voluntarios en 2016 -41,5%- se realice en
centros públicos. “La ley de 2010 garantizaba por primera vez la financiación
de la IVE en la red pública y el Departamento de Salud propuso a una serie de
profesionales desarrollar un protocolo para empezar a realizar abortos en los
centros públicos, es decir, se juntó una voluntad política con un grupo de
profesionales motivados por que la prestación se llevara a cabo en la sanidad
pública”, recuerda.
Se trabajó en el protocolo durante todo un año.
Estudiando diferentes alternativas se optó por ofrecer a las mujeres tanto
aborto instrumental como farmacológico y por que este último comenzara a
realizarse en centros de atención primaria donde existieran unidades de ASSIR,
formadas por equipos de ginecólogos, ecógrafos y matronas. Se dio formación a
los profesionales y en enero de 2011 se puso en marcha una prueba piloto
durante tres meses en centros de Lérida, Gerona y Barcelona. Se siguió formando
profesionales y en la actualidad “no hay ningún ASSIR donde no se realicen
abortos farmacológicos”, indicados para embarazos de hasta nueve semanas -cerca
del 70% de IVE se realizan antes de las ocho semanas-.
“Es una prestación que se ha normalizado aunque al
principio parecía complicado”, subraya Mausbach. Todos los ASSIR cuentan con un
centro hospitalario de referencia, como obliga la ley, en caso de
complicaciones y las mujeres tienen la opción de elegir el método, tras ser
informadas por los profesiones de cómo se desarrollan los procesos. “Es un
modelo que por supuesto puede mejorarse, como por ejemplo, reducir el número de
entrevistas que la mujer hace con los profesionales, pero también hemos logrado
una equidad geográfica y un mayor acceso a la prestación”, afirma la
ginecóloga.
Plan de Embarazos no Deseados
En la Comunidad de Madrid, el borrador del Plan
Integral de Embarazos no Deseados en el que desde el año pasado trabaja el
Gobierno que preside Cristina Cifuentes hace mención a que en los abortos
tempranos se dé preferencia al aborto farmacológico para “provocar el mínimo
impacto personal, económico y social posible”. La Consejería de Sanidad no
respondió si ello significa que se trabaja en un protocolo para empezar a
realizar más abortos en la red de centros públicos.
De hecho, la Asociación de Clínicas Acreditadas para
la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a buena parte de los centros
privados que realizan la gran mayoría de abortos en España, criticó duramente
esta medida por no contemplar la decisión libre de la mujer y por el hecho de
que la entidad no haya sido aún consultada como asociación experta en los capítulos
que se mencionan las IVE.
Beatriz Gimeno, portavoz de Igualdad de Podemos en la
Asamblea de Madrid, pone sobre la mesa dos factores fundamentales para que el
Gobierno regional siga concertando todos las interrupciones voluntarias del
embarazo con la red privada. “Por una lado tiene que ver con la política
general de la Comunidad, que está dejando morir los centros públicos y por otro
le resulta muy fácil y cómodo seguir realizando abortos en los centros
privados”, afirma la diputada, quien subraya que el aborto es una prestación
sanitaria que continúa “estigmatizada y el que se siga haciendo en clínicas
privadas no contribuye a su normalización”.
Para la portavoz de Igualdad del PSOE en el
parlamento regional, Josefa Pardo, es imprescindible de formación de los
profesionales y de una dotación presupuestaria adecuada para que sea posible la
realización de abortos en la red pública con equipos especializados.
La formación es, de hecho, una preocupación de los
profesionales que desde hace años están comprometidos con la realización de
abortos tanto en la red pública como privada. “La práctica de abortos sigue sin
aparecer en la formación de los MIR”, afirma José Luis Doval, jefe de
Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Orense, y quien desde
los años 80 lleva realizando IVE en la red pública. Como subrayan los expertos,
la realización de abortos instrumentales requiere una práctica y entrenamiento
que hoy en día no es suficiente. “Los médicos que pasan por nuestro servicio sí
están formados pero qué pasará cuando empecemos a jubilarnos todos los que
estamos comprometidos con esto”, se pregunta el médico. “Pues que empezará a no
haber relevo”, añade.
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