El proyecto de ley pide la prohibición de las
terapias de conversión, el fin del requisito para mujeres lesbianas de estar
casadas para inscribir a sus bebés o la despatologización de la transexualidad.
Todos los partidos, salvo el PP, han dejado claro que
apoyan una regulación de estas características y se han comprometido a
introducir enmiendas para mejorarla.
El PP no aclara si apoyará la primera ley estatal de
derechos LGTBI que va a tramitarse en el Congreso.
La oposición negocia con los colectivos para sacar
adelante la primera ley estatal de derechos LGTBI.
La primera ley estatal de derechos LGTBI ya se ha
colado en el Congreso de los Diputados. Después de varios meses de negociación
entre los partidos políticos y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el proyecto de ley ya ha sido presentado en
la Comisión de Igualdad a la espera de saber qué formación la llevará a pleno.
Todos los partidos, salvo el PP, han dejado claro su
apoyo a la norma, aunque pretenden presentar enmiendas. Aunque muchas
comunidades ya tienen legislación específica al respecto, el objetivo es crear
un marco general para
"garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y
efectiva" y acabar con algunas discriminaciones que todavía sufren las
personas LGTBI.
Las lesbianas deben casarse para inscribir a sus
hijos e hijas
A las parejas de mujeres el Registro Civil les exige
estar casadas para poder inscribir a sus bebés. Es un requisito que tienen que
cumplir las lesbianas, pero no las parejas heterosexuales, en base al artículo
7.3 de la Ley de Reproducción Humana Asistida que habla de filiación –y también
la ley de reforma del Registro Civil, que entró en vigor en octubre de 2015 y
reproduce el mismo precepto–.
La ley de derechos LGTBI propone modificar dicho
artículo, que establece que para que una mujer consienta la filiación de su
hijo nacido de otro cónyuge debe estar "casada y no separada legalmente o
de hecho con otra mujer". El cambio incluye que también podrá hacerse si
se mantiene una "relación de análoga afectividad" y aclara que ese
consentimiento bastará para "la determinación de la filiación", de
modo que "ningún otro requisito será exigible a tal efecto".
Camino a la despatologización de la transexualidad
Actualmente las personas trans precisan de un
diagnóstico psiquiátrico para acceder a tratamientos hormonales, cirugías de
reasignación o la modificación del sexo en los documentos oficiales. Para esto
último, además, la ley establece el requisito de haber estado dos años en
tratamiento médico para "acomodar sus características físicas a las
correspondientes del sexo reclamado".
Una filosofía que choca con el "principio de
autodeterminación de género" que, en palabras de la abogada Charlo Alises,
que ha participado en la redacción de la ley, "se constituye como uno de
los principales pilares de la misma". Y es que la norma que pretende
impulsar la FELGTB elimina este tipo de requisitos, tal y como han hecho ya –al
menos sobre el papel– algunas comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia este mismo jueves.
De esta manera, la ley garantizará que las personas
trans sean tratadas y nombradas de acuerdo a su sexo sentido, al igual que los
menores, a los que la norma protege para que los centros educativos respeten su
nombre y puedan usar los baños o vestuarios que les corresponden. En este
sentido, colectivos como la Plataforma por los Derechos Trans han redactado
leyes específicas despatologizantes, que formaciones como Unidos Podemos ya han
anunciado que estudiarán.
Prohibición de las terapias de conversión
Se trata de intervenciones, normalmente de terapia
psicológica, que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género
de una persona. La comunidad científica es prácticamente unánime al afirmar que
este tipo de terapias de conversión tienen consecuencias como "depresión,
ansiedad o tendencias suicidas" y concluyen que ni la homosexualidad ni la
transexualidad se pueden tratar porque no son enfermedades.
Por ello, la ley LGTBI prohíbe las terapias "que
pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la
persona" y añade que será irrelevante "el consentimiento de esta
misma persona o sus responsables legales". La voluntad con la que algunas
acceden a estos tratamientos es una de las puntas de lanza de grupos
ultracatólicos como HazteOir para defender su existencia basándose en que rechazan
su propia orientación sin nombrar la homofobia –tanto social como
interiorizada–.
Fin de la cirugía genital a bebés intersexuales
La norma también prohíbe las intervenciones
quirúrgicas a las que suelen ser sometidas los bebés intersexuales –personas
que nacen con características sexuales que no encajan en la asignación
tradicional de cuerpo femenino o masculino–, y que no atienden a razones relacionadas con la salud. El objetivo de la legislación es que
estas personas "puedan otorgar su consentimiento informado" porque
"hay que permitir que se desarrollen", puntualiza el abogado Néstor
Orejón.
"Desde los propios hospitales se plantea que es
un problema y que hay que intervenir para remarcar o uno u otro sexo",
explica el también redactor de la ley de la FELGTB. Son cirugías que han sido
denunciadas por varios organismos internacionales, entre ellos, la Organización
Mundial de la Salud, que las califica de "violaciones de derechos
humanos" y asegura que pueden tener consecuencias "de por vida sobre
su salud física y mental".
Que la educación en diversidad no dependa de la
voluntad
Para Charo Alises, la educación afectivo sexual no ha
sido introducida en los planes de estudio de manera transversal, y "este
tipo de contenidos suelen depender en la mayoría de centros de la propia
voluntariedad" del equipo directivo o del profesorado comprometido. Por
ello, la ley contempla la puesta en marcha de un plan integral sobre educación
y diversidad.
Entre las medidas que recoge incluye la formación a docentes
y a familias, la implantación de contenidos sobre diversidad LGTBI en las
asignaturas o el material didáctico, el desarrollo de acciones de
sensibilización con las familias y la puesta en marcha de un protocolo
específico dirigido a combatir los casos de acoso LGTBfóbico en los centros
educativos.
La petición de "pruebas" a personas LGTBI
que piden asilo
Según las organizaciones especializadas, las personas
homosexuales, bisexuales o trans que huyen de sus países donde están
perseguidos y criminalizados se encuentran con multitud de obstáculos que
derivan en que buena parte de las peticiones de asilo sean rechazadas por las
autoridades. Entre ellas, la petición de "pruebas" que "pueden
socavar su dignidad", según Alises.
Según algunos colectivos, el Gobierno ha denegado en
ocasiones las peticiones bajo el argumento de que "pueden vivir en su país
con discreción" y algunos testimonios revelan la dificultad de lograr el
requisito que precisa el Ministerio del Interior: las pruebas. Por ello, el
proyecto de ley establece que ser LGTBI y proceder de un país en el que se
penalice "debe ser motivo suficiente" y pretende prohibir la
exigencia de un medio de prueba "que pueda vulnerar los derechos
fundamentales".
Atención integral a víctimas de LGTBfobia
La iniciativa de la FELGTB reserva un apartado
específico para detallar las medidas encaminadas a garantizar una atención
integral a víctimas de homofobia o transfobia, que fue el motivo de 241 agresiones solo en Madrid el año
pasado, tal y como ha contabilizado el colectivo Arcópoli. Además del acceso a
una justicia gratuita, la norma contempla servicios sociales de atención y de
apoyo a las víctimas, asesoramiento jurídico o atención psicológica.
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