El medicamento se daría a personas que van a mantener
una relación sexual de riesgo
El Comité Español de Bioética ha concluido, a
petición del Ministerio de Sanidad, que "existen más argumentos a favor de
acordar" financiación pública de los tratamientos que previenen que una
persona adquiera el VIH mediante una relación sexual de riesgo, "que de
rechazarla". Se refiere el organismo a la conocida como profilaxis
pre-exposición (PrEP en sus siglas inglesas, PPrE en español), que consiste en
tomar un antiviral de manera permanente, con lo que el individuo queda
protegido si tiene un episodio de infección por el VIH. Al estar ya los
fármacos en su sangre, se desharían del patógeno antes de que este llegara a
asentase en los glóbulos blancos.
El descubrimiento de este proceso de prevención,
consagrado por el estudio PROUD, ha supuesto no solo un avance médico, sino un
reto para las Administraciones y un dilema ético. La parte científica es clara:
ante esa eficacia, las sociedades médicas como la Sociedad de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) aconsejan que se medique a las
personas que tienen relaciones sin protección. Pero esta iniciativa supone un
gasto (unos 5.500 euros solo en medicación al precio actual para la sanidad
pública), lo que puede comprometer las finanzas de las comunidades. Aunque esto
no está claro. El informe del comité reconoce que solo el tratamiento de una
persona con VIH cuesta en España actualmente unos 6.000 euros, pero ahí no se
incluyen otros gastos sanitarios, ni cuestiones como la posible incapacidad del
afectado o el lucro cesante para el Estado si la persona pasa de ser un
trabajador activo a un pensionista.
De hecho, ya en algunos casos (parejas de personas
con VIH, personas con un amplio historial de relaciones sin protección
detectadas por una sucesión de enfermedades de transmisión sexual) este
tratamiento ya se da, pero no de manera uniforme ni establecida.
En cualquier caso, el comité cree que la cuestión
económica (con aristas como que el coste de este tratamiento podía llevar a
desfinanciar otros, por ejemplo) no es lo importante. Desde un punto de vista
ético, el debate está en si se debe financiar un tratamiento que ha demostrado
que es el más eficaz para prevenir la infección del VIH.
Pero las preguntas de Sanidad iban más al detalle.
Porque se planteaban si sería ético subvencionar este tratamiento incluso si la
persona que lo va a recibir no cumple todas las pautas de precaución (siempre
se aconseja tomar las pastillas, pero seguir usando preservativo). Y, aún así,
la conclusión del comité a favor de la financiación se mantiene.
En su nota de prensa, el comité resume así los
condicionantes de su decisión: "El ámbito concreto de la salud al que va
dirigido el medicamento, el fracaso que actualmente presentan las estrategias
para la erradicación del VIH, la ausencia de medidas alternativas que alcancen
los mismos resultados de prevención que la PrEP, la especial incidencia que
sigue teniendo la enfermedad en grupos especialmente vulnerables, los cambios
en la percepción social sobre el riesgo del VIH y la exigida protección de la
salud colectiva".
Detrás de esta redacción se esconden algunos hechos
destacables, como que, pese a todas las campañas y esfuerzos educativos, cada
año se diagnostican en España unos 3.500 contagios del VIH (3.428 en 2015,
último con cifras cerradas, pero 2.907 en 2010, por ejemplo), y ninguna de las
políticas adoptadas han conseguido bajar esta cifra. También que son los hombres
que tienen sexo con hombres (el 53% del total) y los inmigrantes (el 30%) los
grupos proporcionalmente más afectados.
Llega incluso el informe a tratar el caso de las
personas que conscientemente tienen relaciones de riesgo (y pone el caso del
llamado bareback, que significa buscar expresamente relaciones sin condón), y
recomienda "un sistema de educación e información que permita transmitir
que la mejor arma contra la expansión del VIH pasa, irremediablemente, por la
prudencia y prevención", pero eso "no significa renunciar a las
conductas que conforman el propio proyecto de vida, por mucho que este o
aquellas no sean compartidos por la mayoría", añade, y pone algunos
ejemplos de otros comportamientos de riesgo (ciertos hábitos o viajar por
placer a países con enfermedades endémicas) en los que no se cuestiona que
deban recibir tratamiento médico preventivo o posterior.
En su informe, el comité pone dos condiciones: es
"indispensable que dicha financiación pública se acompañe del fomento de
otras medidas dirigidas a la lucha contra el riesgo de transmisión sexual del
VIH, en el marco de una estrategia general de prevención. Igualmente se ha de
poner énfasis en la importancia que tienen tanto el counselling en salud sexual
como el control rutinario de las personas que reciben la PrEP".
Y, también, que "dicha financiación pública se
acompañe de una minuciosa evaluación a posteriori de los efectos de la decisión
y de las evidencias que pudieran ir obteniéndose en el futuro sobre el valor
preventivo a medio y largo plazo de la PrEP, así como posibles nuevas
evidencias de riesgos o efectos secundarios".
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