El Gobierno de El
Salvador abrió ayer por la tarde una puerta a la esperanza para Beatriz, la
joven salvadoreña cuyo embarazo de un feto inviable pone en grave riesgo su
vida. A pesar de la denegación de amparo del Constitucional salvadoreño, al que
la mujer había recurrido para que se le permitiera abortar —una práctica
prohibida en ese país—, el Ministerio de Salud cree que existen vías legales
para que los médicos puedan intervenirla. “Vamos a preservar la vida de esta
mujer a como dé lugar”, afirmó ayer la ministra de Salud de El Salvador, María
Isabel Rodríguez, a EL PAÍS. Rodríguez explicó que el Constitucional deniega la
petición de aborto por considerarlo contrario a su Carta Magna; pero que en el
caso de que la salud de la mujer empeore y debido a que está ya en la semana 25
de gestación se le podría inducir un parto. “No estamos trabajando para la
destrucción del feto, pero sus condiciones se han demostrado incompatibles con
la vida”, incidió.
El Gobierno de
Mauricio Funes trata de buscar una salida para el caso de la mujer que ha puesto
la defensa de los derechos humanos de El Salvador en el punto de mira. Y ha
encontrado sustento en el derecho internacional. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos exigió ayer a las autoridades del país que inicien “de manera
urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas” para que los médicos
puedan “evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida,
integridad personal y salud” de la joven. La resolución de este órgano judicial
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo es vinculante;
también es histórica: es la primera vez que se pronuncia sobre un caso de
aborto, por lo que sienta un precedente muy relevante en la región. El
dictamen, por tanto, es importante; pero lo es más la intención del Gobierno de
dar amparo a Beatriz. Porque a pesar de que El Salvador debería acatar el
dictamen de la Corte de la OEA, podría eludirlo y hacerlo inefectivo con solo
dilatar los plazos.
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