El Informe redunda en el compromiso adquirido a partir de la Ley Integral con la ciudadanía, las instituciones, los distintos equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta violencia. En este sentido, se exponen las medidas adoptadas a lo largo de este período por las distintas administraciones competentes -el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- , así como por el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial.
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