sábado, 26 de septiembre de 2015

Barómetro europeo: volvemos a suspender en acceso a anticonceptivos

El Estado español no llega al aprobado ni en estrategias y políticas, ni en educación sexual, ni en sensibilización, ni en prevención de la discriminación. Así lo recoge el barómetro europeo que ha medido la libre elección de anticonceptivos modernos en 16 países de la Unión Europea con la participación de la FPFE, y que critica que en nuestro país se haya retirado la financiación de algunos anticonceptivos de última generación.

Este barómetro se presenta mañana 22 de septiembre en el Parlamento Europeo, donde sus contenidos serán objeto de reflexión pública por varias/os eurodiputadas/os, entre ellos la socialista Iratxe García y el diputado por Compromís Jordi Sebastià. Precisamente una eurodiputada, la holandesa Sophie in’t Veld, llama la atención sobre las conclusiones del barómetro: “Las desigualdades que el barómetro identifica son inaceptables y demuestran que ya es hora de que la Unión Europea incluya la salud y los derechos sexuales y reproductivos en sus políticas de salud pública. Hemos armonizado normativas para la medicina, pero no para algo tan básico e importante como el acceso a los anticonceptivos. La salud reproductiva debe ser sacada del ámbito de la moralidad e introducida en el de la salud pública”.

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) elabora este barómetro con la participación de asociaciones de planificación familiar de los 16 países analizados y una metodología que permite recoger datos de profesionales, expertas y usuarias entre otros.

Lituania es el país con peor puntuación, mientras que Alemania se sitúa en el otro extremo, a la cabeza de la implementación de políticas en salud sexual y reproductiva. El Estado español está entre los nueve países que suspenden la evaluación, junto con Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, República Checa, Rumanía, Chipre y Lituania. Sólo Alemania, Holanda, Dinamarca, Francia, Suecia, Irlanda y Finlandia aprueban la evaluación global. El barómetro concluye que “la triste realidad es que en los últimos años no solo no han mejorado todas las políticas, sino que en la mayoría de los países la situación se ha estancado o incluso ha empeorado”.

La educación sexual, gran ausente

La educación sexual, ausente como materia obligatoria en los currículos escolares desde que se derogó la LOGSE en 2006, es uno de los aspectos peor valorados en nuestro país. Se critica también en el barómetro que el acceso de las mujeres jóvenes a la libre elección de anticonceptivos modernos varía de forma significativa entre comunidades autónomas, a lo que se añade la decisión de suprimir algunos anticonceptivos modernos de la financiación pública, lo que, como resalta el doctor Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, “no tiene ninguna base científica y crea una barrera adicional, innecesaria, para el acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos”.

Respecto a la formación de profesionales sanitarios y proveedores de servicios, el barómetro señala que las organizaciones de profesionales de la salud han elaborado ciertas pautas, a nivel nacional, sobre planificación familiar y anticoncepción, dirigidas a las y los profesionales de la salud, que “sin embargo carecen de apoyo formal del Ministerio de Sanidad”. Además, los recortes presupuestarios en los servicios de atención y asesoramiento han afectado en primer lugar a los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, las actuales políticas de austeridad y la posición del gobierno actual sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos se perciben en el barómetro como el mayor obstáculo para garantizar un acceso adecuado, aunque como señala Justa Montero, responsable por la FPFE del informe, “los recortes presupuestarios no son el único desafío para la salud y los derechos sexuales y reproductivos en este momento. El actual gobierno conservador se muestra poco dispuesto a introducir cambios para mejorar el acceso a la libre elección de anticonceptivos modernos, la prevención de embarazos no planificados y la igualdad de género. Esto está generando una nueva disminución del reembolso, de los servicios de salud, de la calidad del asesoramiento y de la plantilla de profesionales de la salud”.



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