Quienes abortan o quienes colaboran en un aborto quedan
automáticamente excomulgados. “Ipso facto”, recordó hace unas semanas el ex
secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez
Camino. Y al calor del debate sobre la reforma de la ley del aborto, otros
miembros de la cúpula de la Iglesia han repetido esta máxima durante los
últimos días. Ahora, decenas de personas exigen que cumplan esa amenaza. Desean
ser excomulgados. Y más allá: piden
también que se les dé de baja de los registros eclesiásticos. La semana pasada,
unas 300 personas lo reclamaron por escrito ante el Obispado de Tenerife. La
acción, puesta en marcha por varias asociaciones de mujeres de Canarias para
protestar contra el anteproyecto de ley del aborto, comienza a despuntar
también en otras ciudades.
“Exigimos la excomunión ipso facto, como han dicho los obispos.
Defendemos el derecho al aborto, luchamos para que sea accesible, colaboramos
con ello y por tanto, como han dicho, quedamos excomulgadas”, incide Mari
Carmen Bolaños, miembro del colectivo Harimaguada y una de las promotoras de la
acción. Es lo que solicitan en los documentos entregados, redactados por una
abogada que, según explica Bolaños, ha analizado el derecho Canónico. En los
impresos citan la ley Canónica de 1398 y piden que se les aplique esa pena de
excomunión por abortar, participar en esta prestación o “apoyar la libertad
reproductiva y el aborto libre y gratuito”. “Si hacemos caso a las palabras de
los obispos, que dicen que la mujer que ha interrumpido su embarazo y todo
aquel que le haya ayudado o asistido --desde su marido a alguna amiga o sus
médicos-- queda excomulgado automáticamente estaríamos hablando de miles de
personas”, apunta Bolaños, que pone como ejemplo que en 2012 unas 112.000
mujeres interrumpieron su embarazo en España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario