viernes, 7 de marzo de 2014

2.000 profesionales sanitarios firman contra el anteproyecto


1970 especialistas en ginecología, genética, psiquiatría, salud pública y otras especialidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva  han suscrito un manifiesto en el que piden que no se apruebe el anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno para regular el aborto. El manifiesto, que se ha presentado públicamente en Madrid, advierte que “la sociedad española debe decidir si se posiciona a favor de la realidad sanitaria, jurídica y social de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, o si quieren emular a aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres”.

Javier Martínez Salmeán, ginecólogo, ha recordado que la vigente ley de 2010 reguló el aborto sin causar problemas, y de hecho el número de abortos ha disminuido en nuestro país. “El derecho de las mujeres a decidir está reconocido y consolidado en Europa, tal y como se ha establecido por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo. Es un derecho que no podemos suprimir ahora”. El dr. Salmeán ha lamentado que el anteproyecto de ley que quiere aprobar el Gobierno “pretende implicar a los profesionales en una tutela a las mujeres que menoscabe sus derechos y además pretende mangonear a los profesionales”.

Eudoxia Gay, presidenta de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, ha advertido que “estamos dispuestos a dar la batalla hasta el final”, porque esta propuesta del gobierno somete a las mujeres y sus familias “a un periplo largo y disuasorio que va a alargar los tiempos, excluir a las más pobres y aportar sufrimiento que luego sí que va a tener que ser tratado por los profesionales de la salud mental”, porque este anteproyecto de ley “puede aumentar el número de procesos ansiosos o depresivos ligados a este alargamiento de los tiempos para las mujeres que deciden abortar”. “En general la mujer que aborta no es una enferma mental. No existe ningún perfil, desde este punto de vista, para explicar una decisión de abortar o no abortar”. Sin embargo, se obliga a los profesionales ligados a la salud mental a certificar que existe “un problema grave y persistente en el tiempo” para poder abortar, lo cual, en palabras de Eudoxia Gay, “convierte a las mujeres en enfermas mentales, lo que luego puede ser usado contra ellas. Daría un poco de risa si no fuera tan grave, y nos negamos a participar en esto”, porque “no queremos que se use a la psiquiatría para controlar a los ciudadanos o para que éstos pierdan sus derechos. La labor de los profesionales vinculados a la salud mental es ayudar a las mujeres a gestionar su decisión, sea ésta la que sea. Pero parece que a Gallardón lo que le asusta es la autonomía de las mujeres“.

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