España se convertirá en el único país de la Unión Europea, junto
a Irlanda y Polonia que niega este derecho a sus mujeres
La interrupción
voluntaria del embarazo no podrá realizarse legalmente, ya que los requisitos
burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica
sanitaria normalizada.
Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE el
anteproyecto de ley no solo podría terminar con un derecho básico y fundamental
de la mujer, sino que condenaría a estas a continuar con su embarazo contra su
voluntad, incluso aunque su salud física o psíquica esté en riesgo; ya que los
requisitos sanitarios y legales para que una mujer pueda acceder a esta
prestación sanitaria son prácticamente imposibles de cumplir.
El periplo vital, médico y administrativo que pretende
establecerse, implica, entre otros aspectos, alargar el tiempo de reflexión una
semana, conseguir dos informes preceptivos que acrediten una afectación psicológica
perdurable en la mujer, así como, una minuciosidad en el diagnóstico prenatal,
inalcanzable en procesos de gestación evolutivos. Todo ello situará a la mujer
en semanas de gestación elevadas que sin duda alguna incidirán en la
posibilidad legal de interrumpir su gestación por plazos, e incluso por evolución
gestacional.
Esta ley ha sido articulada en contra de las mujeres, de los
profesionales y en contra de la propia ciencia. Pensada para que ni en los
pocos casos en los que está permitido el aborto este llegue a realizarse.
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