En 2017 se practicaron 992 interrupciones voluntarias de embarazos más que el año anterior. Sanidad retoma la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El año pasado se practicaron en España 992 abortos más que en 2016, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publicados este jueves. La cifra supone un pequeño repunte, de apenas el 1%. Los datos evidencian la consolidación de la tendencia a la baja que se inició a partir de 2011, el año siguiente a la entrada en vigor de la ley de plazos. Entonces se experimentó una subida, al pasar de las alrededor de 113.000 interrupciones voluntarias del embarazo en 2010 a unas 118.000 en 2011. A partir de ahí, se registraron caídas anuales hasta llegar a los 93.131 abortos de 2016. En 2017 fueron 94.123.
“Hay un leve repunte, pero no es significativo. Lo importante es que desde 2010 hemos bajado en casi 20.000 abortos. Cada año los informes nos confirman que es falso pensar que las mujeres usan las interrupciones voluntarias del embarazo como si fueran un método anticonceptivo, que las mujeres son irresponsables”, sostiene Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal. “Es indiscutible que el desarrollo de la ley ha sido positivo. No está aumentando el aborto y las pequeñas variaciones tienen que ver, probablemente, con movimientos migratorios”, añade.
A partir de julio de 2010, cuando entró en vigor la ley de plazos, las mujeres pudieron interrumpir su embarazo sin dar justificaciones en las 14 primeras semanas de gestación. Se introdujo un modelo de plazos que ya funcionaba en prácticamente toda Europa. La norma anterior, de 1985, lo permitía solo en tres supuestos —violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer—, que terminaron por interpretarse de forma muy amplia y con pocas garantías tanto para las mujeres como para los médicos.
El descenso del número de abortos en los últimos años es acentuado. Si se compara con 2010, la reducción es del 16,71%. Si se compara con 2011, del 20,65%. Según los datos consolidados del año pasado, publicados en la página web del ministerio, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada mil mujeres de 15 a 44 años también demuestra esta tendencia a la baja a partir de 2011. Ese año, la cifra era de 12,47. Fue bajando anualmente hasta llegar a las 10,36 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres en 2016.
El año pasado, el dato se situó en 10,51. Baleares fue la comunidad autónoma con mayor tasa por cada 1.000 habitantes (13,94), seguida de Madrid (13,07), Cataluña (12,89) y Asturias (12,73). Ceuta y Melilla (4,80), Extremadura (6,06) y La Rioja (6,09) son las regiones con menor proporción de abortos. Por edades, la mayor tasa se registra en el rango de 20 a 24 años, situada en 17,42, algo mayor que el año anterior (16,72). Le siguen las mujeres de 25 a 29, con una tasa de 15,74, y las de entre 30 y 34 años (12,61).
Serrano alerta sobre el “importante porcentaje de mujeres [35,79%] que no han usado ningún método anticonceptivo”. “Esta es aún una asignatura pendiente”, dice. “Es significativo, además, que más de 20.000 personas de las 94.000 que abortaron no fueran a informarse a hospitales públicos o privados, sino que lo hicieran por Internet, a través de amigos, medios de comunicación... Esto quiere decir que aún hay estigma”, apunta. “También hay aspectos muy positivos. Como que el 70% de las mujeres aborten con un embarazo de menos de ocho semanas y el 94%, de menos de 14. Acuden lo antes posible”.
“Además es importante señalar que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 20 años está disminuyendo. En 2010, la tasa por cada mil mujeres en ese tramo de edad era de 13,05 y ahora estamos en 8,84”, precisa Serrano, que lo atribuye fundamentalmente a la dispensación gratuita de la píldora del día después, que se instauró en 2009. Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, puntualiza que es posible que en la reducción influya el cambio legislativo introducido por el Partido Popular en 2015, cuando se obligó a las menores de 16 y 17 a contar con consentimiento de sus padres para poder interrumpir el embarazo.
La ministra, María Luisa Carcedo, ha comentado esta tendencia a la estabilización en las cifras de abortos este jueves, durante la reunión que ha mantenido con el grupo de expertos que actualizará y desarrollará, junto a los comités técnicos e institucionales, la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La iniciativa, que se encontraba paralizada durante los últimos años, forma parte del desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según una nota difundida por el ministerio.
La estrategia se diseñó en 2010, pero su aplicación "ha sido prácticamente nula en salud sexual y existen deficiencias en su implantación", ha señalado la ministra, que ha defendido que es "una herramienta fundamental" para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos para la ciudadanía.
Las dos expertas consultadas aplauden que el ministerio vaya a retomar esta estrategia. “Se ha experimentado una bajada en las cifras de interrupciones voluntarias, pero los cambios no están relacionados con las medidas implementadas para prevenir los embarazos no deseados. Debe desarrollarse esa parte de la ley de 2010. Al no desarrollarse, no se afianzan las cifras. Si no se adoptan medidas preventivas, nos preocupa que los datos de abortos puedan aumentar”, señala Francisca García.
En el marco de esta estrategia, el ministerio va a recuperar la Encuesta Nacional de Salud Sexual, que se realizó por última vez en 2009. Se recogerán datos de la población de 16 años en adelante y, como ya se hizo en 2009, planteará cuestiones como el tipo de información sexual de que se dispone, las necesidades que se tienen a este respecto o cómo se accede a ella. También se obtendrá información de las experiencias sexuales, los métodos de prevención, o el acceso a los recursos, entre otros aspectos.
Según la nota del ministerio, se hará especial hincapié en la población más joven para identificar y analizar la aceptación de discursos en torno a fenómenos como las violencias sexuales, el consumo de pornografía en Internet y la prostitución.
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