Alpha Pam, el inmigrante
fallecido el pasado abril en Baleares por falta de asistencia médica, no es un
caso aislado. Como él, muchas personas en situación irregular en nuestro país
dependen de la voluntad de un médico, de una práctica fuera de la ley o de la
política que se haya decidido aplicar en la comunidad donde resida. Y ni
siquiera eso. En lugares como Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha, cada
centro es un mundo y recibir medicación para el VIH depende, en el mejor de los
casos, de una burocracia que hace
perder tiempo y eficacia al médico y que desincentiva al paciente. En
algunos casos, y debido al decreto sanitario de abril de 2012, los enfermos
viven situaciones similares a las que ocurrían en los años ochenta en este
país, cuando un diagnóstico se equiparaba a una muerte segura.
"Las dificultades
administrativas son muy grandes. Se ha acabado el Sistema Nacional de
Salud", así de contundente se muestra Federico Pulido, médico adjunto de
la Unidad de VIH del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y lo dice desde la
experiencia vivida a lo largo de estos ocho meses tras la entrada en vigor del
Real Decreto. Aunque en su hospital las personas seropositivas que ya estaban
recibiendo tratamiento se siguen atendiendo, "los nuevos diagnósticos lo tienen muy difícil. Es muy aleatorio,
porque a veces les hacen los papeles y otras veces no. Como los pacientes nos
llegan derivados desde atención primaria, si allí no les quieren ver, no hay
forma de derivarlos al hospital".
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