Colectivos de sanitarios de Catalunya preparan mecanismos para
ayudar y financiar a las mujeres desprotegidas por la contrarreforma de
Gallardón.
Los sanitarios que ejercen en el ámbito de la salud sexual y la
reproducción humana son perfectamente conscientes de que la embarazada que, por
su circunstancia, toma la decisión de abortar no dejará de hacerlo por más
restrictiva y culpabilizadora que sea la ley que regula esa intervención en su
país. El temor, fundado a partir del propio texto legal, de que la ley de
protección del concebido que ha elaborado el Gobierno del PP dejará en la
ilegalidad al 95% de las más de 110.000 mujeres (unas 25.000 en Catalunya) que
cada año abortan en España, ha disparado la preocupación de ginecólogos,
comadronas, obstetras, psicólogos y sexólogos que ejercen en centros públicos
de atención a la salud sexual y reproductiva, hospitales o clínicas privadas de
Catalunya, que alertan de la arriesgada inseguridad sanitaria en que se pueden
producir numerosos abortos una vez aprobado el citado proyecto de ley.
HACE 30 AÑOS
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