Para ACAI, este hecho conducirá "a cientos de mujeres a una suerte de 'éxodo abortivo' o a una clandestinidad que podrá dañar gravemente su salud o poner en riego su vida". Asimismo, asegura que si el Gobierno no concreta, para los supuestos en los que se pueda abortar hasta la semana 22, "qué aspectos de la salud (psíquicos, físicos y sociales) pueden verse afectados, ningún profesional se arriesgará a realizar una interrupción bajo un término que resulta aún más ambiguo que el que había".
La asociación avisa en un comunicado que si no se concreta este punto "no se protegerá ni el ejercicio profesional de los médicos ni a las mujeres que acceden a una interrupción tras la semana 14", por lo que en ese caso la junta directiva de ACAI "convocará a sus profesionales para decidir si continuarán arriesgando su seguridad y la de las mujeres en base a la nueva ley o habilitarán los mecanismos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en otros países europeos".
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