El Ministerio de Igualdad ha señalado que es muy posible que hoy jueves se conozca el informe del comité de expertos designados por el Gobierno sobre la nueva ley del aborto. El estudio servirá de base, junto con el de la subcomisión del Congreso, para elaborar una nueva normativa en esta materia.
El grupo de trabajo, conformado el pasado mes de septiembre, ha analizado a fondo en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para elaborar su informe, en el que propone que éste se pueda interrumpir libremente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación y hasta las 22 primeras semanas en caso "de grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y de graves anomalías físicas o psíquicas en el feto".
En este sentido, según informaron fuentes del comité de expertos, el aborto será libre porque en ese tiempo "no hay riesgos desde el punto de vista médico y porque es la fórmula más utilizada en el resto de Europa".
En el texto también se incluye que la interrupción voluntaria del embarazo "sea una prestación de la Sanidad pública", ya se practique en un hospital público o en un centro concertado como los que ya existen en muchas comunidades autónomas.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de febrero las conclusiones de la Subcomisión encargada de estudiar la reforma de la ley del aborto, en las que se propone el aborto libre durante un determinado número de semanas, aún sin concretar, ampliable "en caso de grave malformación del feto o grave peligro para la salud de la madre".
El texto, que será elevado al Gobierno, fue apoyado por el PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai y contó con el rechazo del PP y la abstención del PNV. Por su parte, CiU no votó porque hay distintas visiones sobre este tema dentro de su formación. Pese a que el texto no lo concreta, la comisión ha establecido una serie de requisitos sobre los plazos de la nueva ley: que "estén en la línea con el previsto con los países" del entorno de España, "que puedan facilitar el consenso social" y "que den cabida a la gran mayoría de las interrupciones que se practican en España". Además, demanda que en la sanidad pública se "garantice" la práctica de abortos, la planificación familiar y "el acceso a los métodos anticonceptivos fiables y seguros, incorporando los de última generación y de emergencia comprobados clínicamente".
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