La Ley Orgánica del Consejo de Estado estipula que el organismo
emitirá informe sobre "asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca
especial trascendencia o repercusión". Sin embargo, el Gobierno de Mariano
Rajoy no ha remitido al Consejo su restrictiva Ley del aborto, ese Anteproyecto
denominado excéntricamente "Ley de Protección de la vida del concebido y
de la mujer embarazada".
¿Puede deducirse que Rajoy no ha enviado al máximo órgano
consultivo este Anteproyecto porque considera que es una norma que no tiene
"especial trascendencia o repercusión"?
El Gobierno sí ha solicitado informe al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y Consejo Fiscal, por tanto, más bien parece que no
quiere enfrentarse a un dictamen emitido por un organismo que no controla
políticamente y evitar un pronunciamiento que dejaría constancia de que su
retrograda Ley "se aparta y no es conforme con el dictamen del Consejo de
Estado" (pronunciamiento al que le obligaría el art. 2.2 de la Ley del
Consejo de Estado).
Rajoy sabe que una norma restrictiva que no garantice un acceso
sanitario seguro a la interrupción voluntaria del embarazo, no encaja en la
doctrina del Tribunal Constitucional que reconoce los "derechos que el
Estado debe respetar y a cuya efectividad debe de contribuir". Ese trago
no lo quiere pasar el Gobierno, consciente de que el Consejo de Estado ya se
pronunció sobre la ley de plazos a través de un dictamen que fue votado por
unanimidad y expresó de manera rotunda que el aborto libre, dentro de las
primeras 14 semanas de embarazo, se ajusta al espíritu de la Sentencia 53/1985,
de 11 de abril del Tribunal Constitucional. Sus recomendaciones fueron
consideradas por el Gobierno socialista para perfilar la que finalmente sería
la vigente Ley del aborto.
http://www.huffingtonpost.es/angeles-alvarez/rajoy-temeroso-frente-al-_b_5499470.html?utm_hp_ref=spain%20%20
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