Sin embargo, aún se considera que estos avances no han sido suficientes. “No podemos permitir que una persona sea tratada diferente o peor. Es por ello que se quiere aprobar una nueva ley de igualdad de trato”- manifestaba Bibiana Aído, Ministra de Igualdad, durante el seminario con expertos europeos que se está celebrando entre los días de ayer y hoy en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Los especialistas europeos proceden no solo de diferentes países, sino también de distintos tipos de organizaciones (administraciones públicas, ONG, universidades, etc.) y para la moderación se ha elegido a José Manuel Fresno, director de la Fundación Luis Vives y a Fernando Rey, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.
Entre las acciones preparatorias que el Ministerio está llevando a cabo para la elaboración de esta ley se encuentra el seminario, “Legislación Antidiscriminatoria en la UE: estado actual y recomendaciones para una futura Ley de Igualdad en España”. Su objetivo es aprender de las experiencias de expertos europeos y de otros Estados miembro.
Aprendamos del pasado
En el año 2000, la Comisión Europea estableció un marco legal para regular la lucha contra la discriminación en los Estados miembro. Este marco legal, que tenía forma de Directivas europeas, tenía que ser traspuesto a todos los países y establecía medidas de obligado cumplimiento que ayudarían a asegurar la no discriminación en el empleo de todas las personas por razones de género, edad, origen étnico, orientación sexual y más allá del empleo de todas las personas por razones de origen étnico. En España, esta trasposición se hizo en el año 2003 a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos generales, que introdujo importantes medidas y avances en la lucha contra la discriminación.
Entre las cuestiones que se están valorando en el seminario están los avances y las debilidades de España en los últimos años en materia de legislación para la igualdad de trato. Por ejemplo, se ha comentado que al transponer las directivas europeas a nuestro ordenamiento jurídico, en el año 2003, no hubo diálogo ni consulta con grupos de interés. Además, se incluyó la lucha contra la discriminación dentro de una ley más amplia, lo que le restó fuerza a las medidas. Otro de las debilidades de nuestra legislación contra la discriminación es que no ha sido suficientemente "publicitada" hacia la sociedad y las organizaciones sociales, los mensajes no han llegado a la sociedad en general y, suponemos que tampoco a las víctimas.
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