¿Es tu decisión lo que haces con tu
propio cuerpo?
¿Si te quedas embarazada? ¿A quién llamas
y cómo?
Resulta escandaloso, pero gobiernos y
tradiciones niegan estos derechos básicos a muchas mujeres y hombres en todo el
mundo.
Además de ser una tragedia para esas personas, también es una tragedia
para sus comunidades y países, puesto que negar a las mujeres y niñas el
derecho a decidir sobre aspectos fundamentales de su vida mantiene a
comunidades enteras en el estancamiento económico.
No podremos vencer la
pobreza sin salvaguardar la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Es
por eso que estamos pidiendo tu apoyo a la campaña “Yo decido”.
Los líderes mundiales están debatiendo
lo que sustituirá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de modo que
necesitamos asegurarnos de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos
sean una parte central de esos nuevos objetivos.
Queremos recoger un millón de
firmas para entregárselas al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, en el
verano de 2015.
Añade tu nombre y contribuye a marcar
la diferencia para millones de mujeres, hombres y niños en todo el planeta.
Día Mundial de la salud Sexual
Información básica para la petición
Durante esta segunda década del S. XXI, los más
de 7000 millones de personas que comparten el planeta se enfrentan a una serie
de desafíos de envergadura global: no solo persisten amenazas como el cambio
climático y el aumento de la desigualdad, tanto entre países como dentro de
cada país, sino que conviven con la incapacidad de concluir el proyecto de la
erradicación de la pobreza, todo ello en un momento en que se han reducido los
fondos internacionales de ayuda al desarrollo.
En el año 2000, todos los países del mundo se
comprometieron a actuar a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El
mundo estaba de acuerdo: todos queremos vivir en un mundo sin pobreza, donde
las personas puedan alcanzar su potencial y se garantice la salud y la
educación.
Los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva son esenciales para hacer realidad esta visión. La carencia de
salud reproductiva y de los derechos correspondientes crea un círculo vicioso
como causa y consecuencia de la pobreza. Cuando todas las personas disfruten de
salud y bienestar en lo sexual y lo reproductivo, tengan garantizado el derecho
a la integridad del propio cuerpo y puedan tener control sobre todas las
cuestiones relativas a su sexualidad, se habrá abierto la puerta del desarrollo
sostenible y la igualdad entre los sexos.
No obstante, desde que se promulgó la
Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, se han producido
cambios en el panorama de los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva. A nivel global, los fondos destinados al fomento de estos
derechos han disminuido considerablemente y, en cada zona geográfica del mundo,
las mujeres y las niñas se ven cada vez más afectadas por la epidemia del VIH,
ya antigua pero aún vigente. Sube la marea del conservadurismo, poniendo en
entredicho esfuerzos anteriores, que habían obtenido victorias para los
derechos sexuales y reproductivos, y comprometiendo la seguridad y el bienestar
de todos, especialmente las jóvenes de las comunidades con menos recursos. A
pesar del aumento de la atención política y mediática, en los países en vías de
desarrollo hay un 57% de mujeres en edad reproductiva (867 millones en total)
que necesitan anticonceptivos porque son sexualmente activas, pero no desean
tener un hijo durante los próximos dos años. De estos 867 millones, 645
millones (74%) usan métodos anticonceptivos modernos. Los 222 millones
restantes (25%) no usan ninguno o se sirven de métodos tradicionales.
Satisfacer esta carencia de anticonceptivos para 222 millones de mujeres
evitaría 218 millones de embarazos no deseados en los países en vías de
desarrollo, lo cual, a su vez, evitaría: 55 millones de partos no planeados;
138 millones de abortos, de los cuales 40 millones se llevarían a cabo sin las
condiciones mínimas de seguridad y 25 millones serían espontáneos; y la muerte
de 118 000 mujeres durante el parto.
Los servicios de salud reproductiva han salvado
y cambiado millones de vidas, especialmente en países de ingresos medios y
altos. En muchas de las zonas geográficas del mundo, se han establecido leyes y
políticas orientadas a la protección de los derechos reproductivos y a prevenir
la discriminación de mujeres y niñas. Lo más significativo es que la juventud
de hoy constituye la generación más numerosa de la historia y debemos
aprovechar el potencial de estos futuros líderes según el panorama actual de
desarrollo, que ofrece oportunidades inigualables de garantizar un mundo de
justicia, opciones y bienestar para todos.
Queremos un mundo donde toda mujer y hombre, sin
importar su edad, pueda acceder a toda la información y todos los servicios en
materia de salud sexual y reproductiva que necesite; un mundo que reconozca el
papel de la sexualidad como faceta natural y valiosa de la vida, así como su
condición de derecho fundamental; un mundo que respete las decisiones personales
y cierre la puerta al estigma y la discriminación. Es una visión que ha de
hacerse realidad en un entorno de desarrollo sostenible, en el que satisfacer
las necesidades presentes no signifique comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.
Para 2015, exigimos la implantación de un nuevo
marco internacional para el desarrollo que defina los derechos en materia de
salud sexual y reproductiva como una prioridad esencial; concretamente,
proponemos:
1.
que la igualdad entre los sexos, los derechos de la mujer y la capacitación de
la mujer se consideren un único objetivo diferenciado
•
debe incluir el acceso
universal a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva; la
erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, así como cualquier
tipo de violencia de género; la igualdad de las mujeres garantizada por ley; y
la paridad entre los sexos en materia de participación en la política y la toma
de decisiones.
2. que
el acceso universal a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva se
establezca como objetivo concreto entre los objetivos de salud generales.
•
complementado por servicios de salud sexual y reproductiva incluidos
expresamente en el paquete esencial de servicios de cobertura sanitaria
universal.
3. que
la igualdad entre los sexos y los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva se pongan de relieve como parte esencial de todos los objetivos.
•
todos los objetivos generales
deberán englobar objetivos concretos de fomento de los derechos en materia de
salud sexual y reproductiva y la igualdad entre los sexos.
4. que
todos los objetivos e índices se desvinculen de agregaciones por edad, sexo,
nivel educativo, franja de ingresos, zona geográfica, etnia y demás
características relevantes.
Para ello, IPPF reclama que los gobiernos:
•
implanten un proceso participativo para diseñar un nuevo plan internacional de
desarrollo basado en los principios de igualdad entre los sexos, respeto a los
derechos humanos y justicia social, en el que tengan voz todas las partes
interesadas, incluidos los jóvenes.
•
desarrollen un marco de unificación a nivel mundial, en el que se reconozca la
necesidad de que los países definan objetivos e índices relevantes para las
necesidades de sus ciudadanos, tanto las de índole general como,
particularmente, aquellas relativas a los derechos en materia de salud sexual y
reproductiva.
•
pongan en marcha, con la participación de la sociedad civil, mecanismos de
rendición de cuentas y transparencia en relación con la asignación de recursos
y resultados.
•
ayuden a las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar sus propias
capacidades de supervisión del cumplimiento de las promesas realizadas.
El mundo actual sirve de hogar a la generación
joven más numerosa de la historia. Se compone de una inmensa diversidad de
individuos, cuyas circunstancias vitales, incluidas las oportunidades y
obstáculos para la mejora de sus vidas, varían considerablemente entre los
diferentes países e incluso entre las diferentes regiones de un mismo país. Son
muchos los jóvenes que jamás han ejercido el derecho básico a decidir cómo
aportar valor a sus propias vidas. En muchas sociedades, las niñas y las
mujeres tienen una consideración inferior a la de los hombres, lo cual les
priva del poder de determinar lo que quieren hacer con su vida y tomar
decisiones relativas a su salud y sus actividades sexuales y reproductivas.
Para 2020, queremos que se erradiquen todas las
formas de discriminación contra las mujeres y las niñas para obtener de facto
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Para ello, IPPF reclama que los gobiernos:
• capaciten económicamente a las mujeres mediante inversiones en políticas y
programas que disminuyan las presiones sobre el tiempo del que disponen mujeres
y niñas; les faciliten mayor acceso a las oportunidades económicas, cierren la
brecha salarial entre sexos y la segregación profesional; garanticen los
derechos de las mujeres y las niñas en materia de propiedad privada y
herencias, incluidos el derecho a la propiedad sobre tierras, el derecho a
obtener préstamos, etc.
•
amplíen las oportunidades educativas para todo el mundo; cierren brechas
educativas en función del sexo a todos los niveles, incluida la educación
superior; introduzcan la educación sexual en el sistema educativo para
erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas y fomentar el
desarrollo de las capacidades necesarias para protegerse de los abusos
sexuales, así como del VIH y otras enfermedades infecciosas de transmisión
sexual.
•
reduzcan la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus expresiones
(también en situaciones de conflicto), mediante el establecimiento y
cumplimiento de leyes a nivel nacional diseñadas para prevenir la violencia y
penalizar a los infractores; erradiquen el matrimonio infantil y forzoso;
luchen contra el fenómeno de la preferencia por los hijos varones; promuevan
campañas de concienciación pública sobre todos estos asuntos.
• respeten,
protejan y garanticen todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente
los de naturaleza sexual y reproductiva, ya que, en ausencia de los mismos, la
capacidad de ejercitar otros derechos se ve considerablemente limitada;
promuevan un entorno de capacitación del ejercicio de estos derechos que
incluya paridad salarial y de participación en funciones parlamentarias y otros
procesos de configuración de políticas.
Todas las personas deben tener el derecho a
decidir lo que ocurre con sus cuerpos. Los gobiernos deben comprometerse a lo
siguiente:
•
Acabar con la violencia contra las mujeres —en la actualidad, una de cada tres
mujeres ha sido víctima de la violencia— mediante la referencia continua y generalizada
a que la violencia de género es una violación de los derechos humanos. En
mujeres que han sido víctimas de la violencia, el riesgo de mala salud
(incluida la mala salud reproductiva y los problemas de índole física y mental)
es el doble que en mujeres que no hayan sufrido abusos. También tienen un
riesgo mayor de contraer enfermedades infecciosas de transmisión sexual,
incluido el VIH. La inversión en igualdad entre los sexos es la clave para que
las sociedades sean más prósperas y saludables. Cuando las mujeres tengan
control sobre sus propios cuerpos, acceso a la educación, responsabilidades en
la toma de decisiones, empleo de calidad, y puedan vivir sin miedo a la
violencia, entonces serán capaces de participar en el desarrollo sostenible de
sus comunidades. Atacar de raíz las causas de la falta de igualdad y aspirar a
la paridad de sexos, a todos los niveles y en todas las áreas, significa erradicar
la pobreza.
•
Permitir la práctica del aborto, de forma segura y dentro de la legalidad. Cada
año, 47 000 mujeres mueren sometiéndose a abortos sin las condiciones mínimas
de seguridad y se ha visto un aumento de casos de abortos inseguros desde 2003.
Es un factor que contribuye al 13% de la mortalidad materna, lo que lo
convierte en una de las tres causas principales de dicha mortalidad. Salvo
contadas excepciones, la mayoría de los países limita en el código penal los
supuestos legales del aborto. El acceso al aborto puede verse severamente
limitado por la falta de conocimiento de su estatus legal por parte de quienes
proveen el servicio y de las mujeres. De esta forma, las mujeres corren un
riesgo al contratar este servicio. No existe ninguna correlación entre leyes
restrictivas y una menor incidencia del aborto; con estas leyes solo se
consigue que los abortos se practiquen en condiciones de inseguridad. Cuando
existen restricciones, las personas que tienen recursos pueden contratar un servicio
seguro, mientras que las que no los tienen han de acudir a métodos peligrosos.
Los altos costes de tratar las complicaciones derivadas de los abortos no
seguros abocan a las mujeres y sus familias a una situación de pobreza aún
mayor. Por si estos riesgos para la salud y la vida de las mujeres no fueran
suficientes, la prohibición legal del aborto también les pone en riesgo de
acabar en prisión. Retirar las barreras legales y políticas que obstaculizan el
acceso al servicio del aborto reduciría en gran medida la mortalidad materna.
Todas las personas deben tener el derecho a
decidir con quién compartir su vida. Los gobiernos deben comprometerse a lo
siguiente:
•
Acabar con los matrimonios infantiles y forzosos. Si bien hay 158 países que
han promulgado leyes para aumentar a 18 años la edad legal a la que se puede
contraer matrimonio, se estima que hay 67 millones de niñas que se casan antes
de cumplirlos. El 90% de los 41 países prioritarios, en los que el matrimonio
infantil afecta a más del 30% de las niñas, se ha comprometido a buscar
soluciones para esta situación. Para convertir en realidad los compromisos, la
sociedad civil, el parlamento, el poder legislativo, las comunidades y otras
partes interesadas deben establecer políticas que protejan los derechos humanos
y sexuales de las niñas y las jóvenes.
• Reforzar los derechos de la comunidad LGBTI.
La discriminación de género es omnipresente, pero, además, en muchas partes del
mundo hay personas que sufren discriminación, estigmatización y violencia por
su orientación e identidad sexuales; hay 76 países con legislación vigente
discriminatoria que criminaliza las relaciones privadas y consentidas entre
personas del mismo sexo y expone al individuo al riesgo de ser detenido,
procesado y encarcelado. Al menos 5 de estos países aplican la pena de muerte.
Hay que erradicar todo tipo de discriminación, incluidos los delitos motivados
por la intolerancia.
Todas las personas deben tener el derecho a
decidir el tamaño de su familia. Este derecho incluye:
•
decidir si se quiere o no tener y planificar una familia, cuándo tener
hijos, con quién, cuántos y con qué frecuencia, libre y responsablemente, en un
ámbito legal y político que reconozca la diversidad de tipos familiares, incluidos
aquellos que no se definan por el hecho de tener descendencia o por el
matrimonio.
•
el derecho de todas las personas a la información, la educación y los
medios necesarios para poder decidir si quieren o no tener hijos, cuándo tenerlos,
cuántos y con qué frecuencia, libre y responsablemente.
•
el derecho de todas las personas a tomar decisiones libres y responsables en
materia de reproducción y creación de una familia, incluida la decisión de
tener o no hijos biológicos o adoptados, así como el derecho de acceder a todos
los métodos de regulación de la fertilidad, tecnologías y tratamientos
reproductivos de forma segura, eficaz, aceptable y asequible.
•
el derecho de todas las personas a asesorarse y obtener otros servicios en
materia de reproducción, infertilidad e interrupción del embarazo, con
independencia del estado civil, dentro de un marco de ausencia de
discriminación y teniendo en cuenta la evolución de la capacidad de los niños.
•
el derecho de todas las mujeres a la información, la educación y los servicios
necesarios para proteger su salud reproductiva, la seguridad de su condición de
madres y su derecho a un aborto seguro, accesible, asequible, aceptable y
cómodo para quienes lo necesiten.
Todas las personas deben tener el derecho a
decidir sobre su futuro.
La sexualidad es una parte integral de la
condición de persona de todo ser humano en todas las sociedades. Los derechos
sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e
igualdad inherentes a todos los seres humanos. La pobreza es tanto causa como
consecuencia de la mala salud sexual, las desigualdades y las exclusiones por
motivos relacionados con la sexualidad. El próximo marco de desarrollo debe
ocuparse de la relación de estos problemas con la pobreza, reconocer el papel
de la misma en la denegación de los derechos humanos y, especialmente, sus
efectos sobre los derechos sexuales. Los derechos sexuales son una parte
fundamental del desarrollo sostenible. La persona es el sujeto central del
desarrollo y es muy importante facilitar un entorno favorable que permita a
cada individuo disfrutar de todos los derechos sexuales, para poder así
participar activamente en los procesos de desarrollo económico, social, cultural
y político. La sexualidad es uno de los aspectos de la vida humana y social y
siempre va unida al cuerpo, la mente, la política, la salud y la sociedad.
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