Si finalmente entra en vigor el borrador de la nueva ley del
aborto aprobado hace una semana por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, el
91% de las 112.390 mujeres que interrumpieron su embarazo el año pasado sin
necesidad de justificar su decisión se verían inmersas en una maraña de
trámites para certificar que seguir con la gestación supone un riesgo para su
salud física o mental. Asociaciones de médicos y especialistas, y de defensa de
los derechos de la mujer aseguran que, ante tantas complicaciones, las mujeres
acudirán a métodos clandestinos.
Si tienen medios económicos, se marcharán a países como Reino
Unido o Francia, donde existen leyes de indicaciones y plazos similares a la
Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo
que está actualmente en vigor en España.
En Reino Unido, adonde habitualmente viajaban las españolas
cuando el aborto era ilegal, someterse a una interrupción voluntaria del
embarazo puede costar entre 550 y 700 euros, dependiendo de si es farmacológico
–antes de las 9 semanas– o de si se usa o no sedación o anestesia general. Son
datos facilitados por Marie Stopes, una organización internacional de
planificación familiar con numerosos centros en Reino Unido donde ofrecen
servicios para la atención a la salud sexual y reproductiva, entre ellos,
interrupciones voluntarias del embarazo. Sus centros realizan un tercio del
total de los abortos que se practican en el país.
Al coste de la intervención habría que sumar los casi 100 euros
que vale la consulta médica previa y necesaria para efectuar todos los
análisis. Según señalan desde Marie Stopes, es recomendable un día de reposo después
de la intervención si se va a viajar, por lo que es necesario contar al menos
con dos días de alojamiento, que, dependiendo de la ciudad, el precio puede
oscilar entre los 40 y 60 euros –los más económicos– por noche en habitación
doble. Todo ello sin tener en cuenta el desplazamiento desde España hasta Reino
Unido.
En este país, la ley permite la interrupción voluntaria del
embarazo dentro de las primeras 24 semanas por razones de salud, sociales y
económicas –en Irlanda del Norte sólo está permitido cuando hay grave riesgo
para la mujer o malformaciones fetales–. Dos médicos tienen que estar de
acuerdo pero, según señalan desde la Federación Internacional de Planificación
Familiar, no existen trabas para estos dictámenes y en la práctica es similar a
una ley de plazos. Más allá de las 24 semanas, el aborto está permitido sin
límite de tiempo cuando esté en peligro la salud de la madre y en caso de
graves malformaciones fetales.
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