Los eurodiputados
conservadores han bloqueado esta mañana la votación de un informe sobre
derechos sexuales y reproductivos en el Parlamento Europeo. El documento, que
debía recibir hoy el visto bueno del pleno de la Eurocámara, urgía a los países a implantar programas de
educación sexual obligatorios en colegios e institutos, a garantizar la
disponibilidad de anticonceptivos baratos o gratuitos, a no criminalizar el aborto o a evitar que se discrimine a mujeres solas
o lesbianas en el acceso a los tratamientos de fertilidad. Sin embargo,
el texto no se ha votado. Tras las reticencias al documento de parlamentarios
liberaldemócratas (ALDE), populares (PPE) y conservadores reformistas (ECR),
este se ha devuelto a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de la Eurocámara
para ser retocado.
El informe, elaborado por
la socialista portuguesa Edite Estrela, había sido objeto de polémica durante
las últimas semanas entre los grupos políticos y los lobbies más
conservadores, que consideran que la
introducción de contenidos obligatorios de educación sexual en las escuelas
significa conceder a los estados la potestad de la educación en esa materia, en
lugar de a los padres. Un argumento muy similar al que han manejado en
España decenas de familias objetoras a la asignatura de Educación para la
Ciudadanía. También se oponían al contenido del informe que hace referencia al
aborto seguro y la objeción de conciencia.
“Hay una campaña en toda
Europa de los sectores más conservadores para frenar la legislación más
progresista. Hay quienes quieren incluso que las leyes actuales en materia de
salud sexual y reproductiva retrocedan 30 años, como ocurre en España con el
derecho al aborto”, critica Estrela por teléfono desde Estrasburgo, donde se
iba a votar el informe, haciendo referencia a la modificación de la ley del
aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El
documento elaborado por Estrela solicita también a los Estados miembro que
garantizasen a sus ciudadanas el acceso a un aborto seguro o que, si en sus
países está prohibido, que se abstengan de evitar que las mujeres viajen a
otros Estados para someterse a las intervenciones.
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