Un año después de su polémica aprobación en el Parlamento foral, el Gobierno de Navarra, ahora de coalición UPN-PSN, ha puesto en marcha finalmente el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con el aborto. La norma, que está pendiente de un recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional, afecta solo a los trabajadores del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en este tipo de intervenciones, es decir, ginecólogos, obstetras, anestesiólogos, enfermeras y matronas. +
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