El ruido del movimiento antiabortista, el recurso de anticonstitucionalidad impulsado desde el Partido Popular y las reticencias de determinados gobiernos autonómicos a aplicar la nueva norma en sus primeros días de recorrido eclipsaron a principios de este mes la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo, a la sombra de su artículo 14 -que autoriza el aborto libre e informado en las primeras 14 semanas de gestación- figuran otras novedades, con compromisos temporales de aplicación, encaminadas a favorecer el acceso a métodos anticonceptivos y reforzar la educación sexual de la población.
En cumplimiento de la nueva ley, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tendrá que garantizar en el plazo de un año (la fecha se cumplirá el 5 de julio de 2011) que los anticonceptivos de última generación formen parte de los servicios comunes cubiertos por la sanidad pública española.
Aunque con diferencias entre comunidades, la financiación de anticonceptivos hormonales ha sido hasta la fecha muy limitada y, mayoritariamente, obedece a efectos distintos del control de la fecundidad. Es el caso de preparados de primera generación como Diane 35, subvencionado por su aplicación en el tratamiento de alteraciones endocrinológicas leves (hirsutismo, acné...) y problemas ginecológicos, como el ovario poliquístico. Neogynona, Cerazet o Ethylene Estradiol son otros de los productos subvencionados, en este caso por sus efectos beneficiosos en el tratamiento de los desarreglos del ciclo menstrual. Ninguno, puntualiza Eduardo Yáñez, presidente de la Sociedad Gallega de Contracepción y responsable del Centro de Orientación Familiar de Coia, se financia en Galicia por su función anticonceptiva. Y la lista mengua: recientemente, dice, el Sergas suspendió la cobertura del implante hormonal de cinco años.+
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