jueves, 5 de noviembre de 2009

El derecho a una maternidad responsable

Manifiesto firmado por la mayor parte de las mujeres asistentes a las jornadas de Educación Sexual y Derecho al aborto celebradas en Granada los días 23 y 24 de octubre

Consideramos urgente y necesario la promulgación de una Ley que regule el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, que impulse la educación sexual como forma de prevenir los embarazos no deseados y dote a la red sanitaria pública de los recursos necesarios para, no sólo atender, sino promover la salud sexual y reproductiva.

El Proyecto de ley que se somete a trámite, regula el aborto como un derecho hasta las 14 semanas. A partir de este plazo, nuevamente se establecen indicaciones: riesgo para la salud física y psíquica de la madre hasta la 22 semana y sin plazo, en casos de malformaciones muy graves y/o incompatibles con la vida, si así lo aprueba un comité ético. Indicaciones que podrán, nuevamente, ser cuestionadas y recurridas judicialmente.

El plazo de las 14 semanas nos parece insuficiente. No porque pensemos que no es un tiempo suficiente para tomar la decisión (de hecho más del 90 % de las mujeres que interrumpen su embarazo lo hacen en estos plazos, es más, casi el 88 % lo hacen por debajo de las 12 semanas). Pero la vida y la realidad son tozudas, y bastante más complicadas que las leyes. Hay situaciones diversas en las que esos plazos resultan insuficientes. No es casual que las mujeres que abortan entre la 14 y 22 semana de gestación, sean en su 54,29% inmigrantes, 11,43 % menores y 2,8 % toxicomanías y/o VIH. A lo que hay que añadir circunstancias sobrevenidas al embarazo, económicas, muerte del padre, divorcios...

Es por ello por lo que defendemos una ley de plazos que sitúe el límite para abortar en la viabilidad fetal (22-24 semanas) el mismo límite que la OMS establece para esta práctica en su Resolución Técnica 461. Es lo recogido por las legislaciones más avanzadas de la UE y la que ofrece una mayor seguridad jurídica a mujeres y profesionales.

Nos oponemos al endurecimiento de los requisitos para abortar en los casos de riesgo para la salud física y psíquica de la madre hasta las 22 semanas, al pedir la firma de dos médicos en lugar de uno, como se regula en la actualidad.

Rechazamos la obligatoriedad de establecer un periodo de reflexión de tres días antes de abortar, y ello porque cuando una mujer lo ha solicitado es porque ya ha tomado una decisión. Retrasarlo supone aumentar el tiempo de angustia.

Compartimos con el Proyecto la necesidad de fijar la edad de consentimiento en los 16 años, como forma de garantizar que la decisión de la menor sea la que prevalezca, tanto si decide abortar como si decide seguir adelante con su embarazo. Es una decisión personalísima, que implica una enorme responsabilidad para ella. Esta medida contribuye a disminuir los casos de abortos tardíos en estas edades y ayuda a evitar el recurso a prácticas que pueden poner en riesgo su vida –hoy en día de fácil acceso a través de internet–.

El proyecto de ley retira la prohibición fijada en el anterior borrador sobre que aquellos facultativos/as que se hayan manifestado contrarios al aborto, formen parte del comité ético que decidirá los casos que se ajustan o no a la definición de malformación muy grave y/o incompatible con la vida. Tampoco regula la objeción de conciencia, ni establece las incompatibilidades que ello supondría. En la práctica, la composición de este comité dependerá en exclusiva, de la decisión de la administración sanitaria y gobierno de turno en cada CC AA, no garantizándose la equidad de esta prestación en este supuesto, que puede verse limitada, cuando no negada, por la ideología de quienes lo componen.

Rechazamos que se castigue con prisión a los profesionales sanitarios que hayan incumplido alguno de los requisitos administrativos exigidos (no haber dado información previa, no esperar tres días de reflexión, no contar con los dictámenes preceptivos...).

También rechazamos las penas establecidas por abortos consentidos realizados fuera de la ley y, consideramos que, en ningún caso, debe suponer pena de prisión para las mujeres.

Regular el aborto no obliga a su ejercicio a quienes por creencias religiosas o de otro tipo decidan seguir adelante con su maternidad. Tener un hijo/a es una responsabilidad enorme, con grandes implicaciones para las vidas de mujeres y hombres, no basta con traerlos al mundo, tienen derecho a nacer siendo deseados, queridos, fruto de una decisión consciente y responsable y con unas mínimas garantías de que podrán ser atendidos, tratados y educados como todo ser humano merece.

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