Los Colegios de Médicos de España, el PP, el PSOE y la Comisión feminista Pro Derecho al Aborto se han mostrado hoy partidarios de que se regule el derecho a la objeción de conciencia médica ante el aborto.
Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General del Colegio de Médicos de España -llamado por el PP a la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la actual Ley del Aborto- ha propuesto ante los diputados la necesidad de regular la objeción de conciencia para "clarificar en qué casos" tiene que estar reconocida por la autoridad sanitaria.
Esta regulación se aplicaría en cualquier tipo de circunstancia médica, no sólo en el aborto, y permitiría prevenir contra casos como los de profesionales que "objetaban en la Sanidad pública y abortaban en la privada", según Altisent.
Las portavoces del PSOE y del PP en la subcomisión, Carmen Montón y Sandra Moneo, respectivamente, se han mostrado partidarias de esta regulación.
Por su parte, Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) cofundadora de la Comisión feminista Pro Derecho al Aborto, también ha apoyado la propuesta, ya que existen hospitales en los que la objeción es regulada directamente por el jefe de Ginecología, ha dicho, y "decide por todos los médicos a su cargo".
PP y PSOE también han apoyado otra propuesta de Altisent orientada a crear un protocolo que garantice el consentimiento informado, es decir, que asegure que la mujer decida bien informada y sin coacciones externas si aborta o no.
El Colegio de Médicos también ve necesaria la ampliación del periodo de reflexión de la mujer a dos semanas, una medida que ha visto con buenos ojos la portavoz del PP, pero no así la diputada socialista. Altisent también ha pedido mayor coordinación médico-judicial para que se vigile el verdadero cumplimiento de la ley y se eviten casos de falsos certificados médicos para autorizar abortos.
El PP ve todas estas modificaciones como "perfeccionamientos jurídicos" y no como una reforma legal, ya que es partidario de mantener la actual legislación de los tres supuestos.
En la misma subcomisión, la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita Delgado, convocada por el PSOE, ha explicado que los abortos de adolescentes se han multiplicado por tres entre 1990 y 2007 España.
Sin embargo, Delgado ha asegurado que la mayoría de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo son trabajadoras "por cuenta ajena con pocos hijos y dificultades de conciliación".
Rogelio Altisent, presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General del Colegio de Médicos de España -llamado por el PP a la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la actual Ley del Aborto- ha propuesto ante los diputados la necesidad de regular la objeción de conciencia para "clarificar en qué casos" tiene que estar reconocida por la autoridad sanitaria.
Esta regulación se aplicaría en cualquier tipo de circunstancia médica, no sólo en el aborto, y permitiría prevenir contra casos como los de profesionales que "objetaban en la Sanidad pública y abortaban en la privada", según Altisent.
Las portavoces del PSOE y del PP en la subcomisión, Carmen Montón y Sandra Moneo, respectivamente, se han mostrado partidarias de esta regulación.
Por su parte, Empar Pineda, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) cofundadora de la Comisión feminista Pro Derecho al Aborto, también ha apoyado la propuesta, ya que existen hospitales en los que la objeción es regulada directamente por el jefe de Ginecología, ha dicho, y "decide por todos los médicos a su cargo".
PP y PSOE también han apoyado otra propuesta de Altisent orientada a crear un protocolo que garantice el consentimiento informado, es decir, que asegure que la mujer decida bien informada y sin coacciones externas si aborta o no.
El Colegio de Médicos también ve necesaria la ampliación del periodo de reflexión de la mujer a dos semanas, una medida que ha visto con buenos ojos la portavoz del PP, pero no así la diputada socialista. Altisent también ha pedido mayor coordinación médico-judicial para que se vigile el verdadero cumplimiento de la ley y se eviten casos de falsos certificados médicos para autorizar abortos.
El PP ve todas estas modificaciones como "perfeccionamientos jurídicos" y no como una reforma legal, ya que es partidario de mantener la actual legislación de los tres supuestos.
En la misma subcomisión, la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita Delgado, convocada por el PSOE, ha explicado que los abortos de adolescentes se han multiplicado por tres entre 1990 y 2007 España.
Sin embargo, Delgado ha asegurado que la mayoría de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo son trabajadoras "por cuenta ajena con pocos hijos y dificultades de conciliación".
La investigadora aboga por la educación desde edades tempranas, al igual que la feminista Empar Pineda, partidaria de la formación de los derechos sexuales y reproductivos en todo el currículo escolar desde la enseñanza primaria.
Pineda quiere que se reconozca el derecho de la mujer a decidir por sí sola, sin la autorización de un médico especialista y también ve necesaria la ampliación del plazo para abortar hasta las 24 semanas, como en Holanda, "en donde ha disminuido el número de interrupciones del embarazo".
La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso ha destacado hoy que la futura ley sobre el aborto no influirá en el número de interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) que se practican en España, pero dará "más garantías médicas y mayor seguridad jurídica a las mujeres que quieren abortar y a los profesionales que las atienden".
"Es falso que las legislaciones influyan en el aumento o el descenso en el número de interrupciones", señaló Montón, quien añadió que Holanda tiene una de las legislaciones más permisivas en esta materia pero está registrando "el menor número de interrupciones de toda Europa, y con tendencia a la baja". A falta de dos sesiones para que finalice la subcomisión -porque se quiere que acaben los trabajos antes de Navidad-, Montón dijo que existe "un amplio consenso" entre los comparecientes "para que se reforme la actual ley", y agregó que su grupo apuesta por una legislación de plazos y supuestos.
Montón no concretó el tiempo que el PSOE propondrá para que se pueda abortar libremente en España, aunque precisó "que se debe dar suficiente espacio a las mujeres para decidir pero sin entrar en colisión con la vida y el desarrollo fetal". Algunas fuentes han indicado que este periodo que se plantea el partido en el Gobierno es de entre 12 y 14 semanas de gestación del feto.
Carpetazo "precipitado" a la subcomisión
Por su parte, su homóloga en el PP, Sandra Moneo, ha manifestado que está segura de que la nueva legislación sobre el aborto aumentará "sin duda" el número de interrupciones que se realizan en España, y negó que haya existido "consenso" entre los comparecientes de la subcomisión sobre la modificación legislativa que se debe realizar. "El PSOE ha asistido a una subcomisión completamente diferente", resumió la representante del PP.
Para Moneo, "lo que ha quedado claro en la subcomisión es que el aborto es un tremendo drama para la mujer y me parece intolerable es que ese drama sea utilizado por el PSOE para reformar la legislación". "Quizá el PSOE quiere ocultar la reforma del aborto para no tener que decir a los ciudadanos que la ley de plazos es su solución para el drama que sufren miles y miles de mujeres en España", sugirió la diputada.
A su juicio, la subcomisión de la Cámara " se ha cerrado precipitadamente"; y reclamó "medidas sociales y económicas para evitar que ninguna mujer en este país se vea abocada al aborto
Pineda quiere que se reconozca el derecho de la mujer a decidir por sí sola, sin la autorización de un médico especialista y también ve necesaria la ampliación del plazo para abortar hasta las 24 semanas, como en Holanda, "en donde ha disminuido el número de interrupciones del embarazo".
La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso ha destacado hoy que la futura ley sobre el aborto no influirá en el número de interrupciones voluntarias de embarazos (IVE) que se practican en España, pero dará "más garantías médicas y mayor seguridad jurídica a las mujeres que quieren abortar y a los profesionales que las atienden".
"Es falso que las legislaciones influyan en el aumento o el descenso en el número de interrupciones", señaló Montón, quien añadió que Holanda tiene una de las legislaciones más permisivas en esta materia pero está registrando "el menor número de interrupciones de toda Europa, y con tendencia a la baja". A falta de dos sesiones para que finalice la subcomisión -porque se quiere que acaben los trabajos antes de Navidad-, Montón dijo que existe "un amplio consenso" entre los comparecientes "para que se reforme la actual ley", y agregó que su grupo apuesta por una legislación de plazos y supuestos.
Montón no concretó el tiempo que el PSOE propondrá para que se pueda abortar libremente en España, aunque precisó "que se debe dar suficiente espacio a las mujeres para decidir pero sin entrar en colisión con la vida y el desarrollo fetal". Algunas fuentes han indicado que este periodo que se plantea el partido en el Gobierno es de entre 12 y 14 semanas de gestación del feto.
Carpetazo "precipitado" a la subcomisión
Por su parte, su homóloga en el PP, Sandra Moneo, ha manifestado que está segura de que la nueva legislación sobre el aborto aumentará "sin duda" el número de interrupciones que se realizan en España, y negó que haya existido "consenso" entre los comparecientes de la subcomisión sobre la modificación legislativa que se debe realizar. "El PSOE ha asistido a una subcomisión completamente diferente", resumió la representante del PP.
Para Moneo, "lo que ha quedado claro en la subcomisión es que el aborto es un tremendo drama para la mujer y me parece intolerable es que ese drama sea utilizado por el PSOE para reformar la legislación". "Quizá el PSOE quiere ocultar la reforma del aborto para no tener que decir a los ciudadanos que la ley de plazos es su solución para el drama que sufren miles y miles de mujeres en España", sugirió la diputada.
A su juicio, la subcomisión de la Cámara " se ha cerrado precipitadamente"; y reclamó "medidas sociales y económicas para evitar que ninguna mujer en este país se vea abocada al aborto
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