La educación para la salud sexual: un derecho fundamental y una necesidad social.
Estamos viviendo tiempos revueltos donde determinadas personas, investidas por el poder de los votos adquiridos en las urnas democráticas, pretenden imponer como precio para poder gobernar la aprobación de directrices dogmáticas y rancias de la derecha más ancestral, respecto a los valores que deben imperar en la educación primaria y secundaria y siempre bajo el control parental.
Estas personas desde el uso de la política y el poder, vierten falsas creencias sobre lo que se está haciendo en los talleres y clases de educación para la sexualidad, intentando confundir a la sociedad y ejerciendo una violencia invisible de tipo estructural y cultural. La violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (bienestar, identidad o libertad), generando un conflicto social caracterizado en términos de género, etnia, origen, edad u otros en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto a favor de una de las partes en perjuicio de las demás.
Por su parte, la violencia cultural es una violencia simbólica que se utiliza para lograr la aprobación de posturas fanáticas y se expresa a través de la religión, la ideología, la educación, las leyes, el lenguaje o los medios de comunicación y que cumple la función de legitimar la violencia estructural.
La educación para la salud sexual es un derecho amparado por organismos internacionales y desarrollado por grupos de personas expertas en programas de educación para la salud sexual desarrollados con éxito en diversas regiones del mundo. Organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nada sospechosos de ser entidades dogmáticas y que se basan simplemente en derechos humanos, la igualdad de género y usando información basada en la evidencia, promueven la aplicación de tales programas de educación para la sexualidad.
De hecho, UNESCO en su documento revisado en 2018 “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia” con el encargo de coordinar la agenda mundial de Educación 2030 y con el objetivo específico de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Define la Educación para la Salud Sexual como un proceso basado en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es preparar a niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los y las empoderen para conseguir salud, bienestar y dignidad, permitiendo desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerando cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y el de las demás personas y, entendiendo cuáles son sus derechos a lo largo de la vida para protegerlos.
Por su parte, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), en la declaración de derechos sexuales de 2014 expresa que toda persona debe tener acceso a una información precisa y comprensible relacionada con la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales a través de diferentes recursos o fuentes. Tal información no puede ser censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada intencionadamente. Además, la educación en sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivos de la sexualidad y el placer.
Por consiguiente, la falta de formación en salud sexual, determina no solamente problemas individuales para quien no tiene la posibilidad de recibirla, sino también para el resto de ciudadanos y ciudadanas con quienes convive.
Finalmente, hay que añadir que la coeducación entre los sexos con perspectiva de género y con enfoque en igualdad, diversidad e inclusividad no es adoctrinamiento, sino que permite el respeto a las diferencias y debe ser una educación obligatoria que deriva de convenios internacionales y de nuestra propia Constitución y los poderes públicos deben de protegerla y promocionarla, impidiendo que los progenitores puedan impedir de forma arbitraria que sus hijos e hijas participen en estas actividades educativas que facilitan, al fin y al cabo, el desarrollo armónico de la personalidad y las relaciones igualitarias entre los sexos, el respeto a la diversidad en su amplio abanico de posibilidades y el aprendizaje en la solución de conflictos de forma democrática, respetuosa y consensuada.
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