viernes, 26 de abril de 2013
CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE JUSTICIA ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
Señor ministro,
Como ciudadanas católicas nos dirigimos
a usted para manifestarle nuestra gran preocupación por los cambios
legislativos en materia de la salud sexual y reproductiva que, usted como
ministro de Justicia, quiere solicitarle al poder legislador de nuestro país.
Como ciudadanas nos indigna y nos duele
que veinte años después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos de 1993 celebrada en Viena –en donde la comunidad internacional, de la
cual España también se ha considerado integrante, haya dejado plasmada, primero
que los Derechos Humanos son indivisibles y segundo que los Derechos de las
Mujeres también son Derechos Humanos-, el gobierno español a través de usted
como su ministro de Justicia, esté planteando un retroceso grave en materia de
ciudadanía de las mujeres.
Nos indigna que no se reconozca que en
aquel campo en el que por naturaleza ningún varón puede reemplazarnos, y que es
la gestación y el parto de nuevos ciudadanos y ciudadanas, el Estado debe
garantizarnos como ciudadanas el derecho a decidir –guiándonos por nuestra
conciencia-, sobre la oportunidad y el momento para gestar y traer al mundo un
ser humano nuevo.
Nos duele que precisamente en una
coyuntura económico-social tan difícil como la que atraviesa nuestro país en la
actualidad, en la cual la mayoría de la ciudadanía lucha por sobrevivir, el
gobierno quiera despojar a las mujeres sin los recursos necesarios para salir
del país, de la dignidad de ser quienes ejercen el control sobre su capacidad
de reproducción. Pues al crear una ley injusta que les niegue sus derechos
reproductivos, ellas se verán confrontadas a la alternativa indignante de
convertirse en madres en contra de su voluntad, o bien, en criminales para
poner término clandestinamente y arriesgando su vida y su salud a un embarazo
no deseado.
Como ciudadanas católicas nos indigna
que a pesar de que las encuestas hayan demostrado que dos de cada tres
ciudadanos católicos españoles, mujeres y varones, están a favor de la
legislación vigente en materia de salud sexual y reproductiva desde 2010, el
Gobierno y usted como ministro de Justicia de un Estado aconfesional, sólo
tomen en cuenta la opinión de algunos ciudadanos católicos que, a pesar de no
disponer de la más mínima legitimación político-democrática, se arrogan autocráticamente
el derecho de ser los voceros de todas las ciudadanas y de los ciudadanos católicos
en España, por el simple hecho de desempeñar cargos de dirección dentro de una
institución eclesial que goza de una larga tradición histórica.
Pero el Estado español reconoce la
libertad religiosa y la libertad de conciencia como Derechos Humanos
fundamentales, por ser Estado Miembro del Consejo de Europa y de la Unión
Europea y por haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esas libertades y esos estos derechos son derechos individuales que tienen la
función de garantizar la protección del ciudadano o de la ciudadana individual
contra cualquier tipo de injusticia, incluyendo cualquier forma de
totalitarismo estatal o institucional. Como ministro de Justicia y miembro del
Ejecutivo usted tiene la responsabilidad de implementar estos tratados y pactos
internacionales y proteger los derechos humanos fundamentales en España. Tiene
que respetar la libertad religiosa y de conciencia de los individuos ciudadanos
católicos mujeres y varones que, como lo demuestran las encuestas, disienten en
su gran mayoría con la jerarquía de su comunidad religiosa en materia de
derechos sexuales y reproductivos.
Como ciudadanas católicas nos duele
profundamente que se le acuerde mayor valor a la vida de un nasciturus que a la
vida de una mujer ciudadana, sujeto de derecho. Nuestra tradición católica enseña
otra cosa. Según San Agustín como Santo Tomás, la vida (intrauterina) del
embrión y del feto va adquiriendo valor a medida que avanza el embarazo. Y no
se considera en ninguna parte de nuestra tradición católica que exista un derecho a nacer.
Aunque esto no signifique que no
consideremos que el nasciturus sea un bien jurídico que merezca protección. Si
que la merece, por un lado en la medida en que la gestación va avanzando y en
la medida en que la mujer gestante tenga el proyecto de llevar a término su
embarazo. Pues todo ser humano que nazca tiene el derecho a nacer en las
mejores condiciones sanitarias, económicas y sociales posibles, que el Estado
debe garantizar.
Para terminar queremos recordar que
nuestra tradición católica considera que la edad en la que una mujer puede
decidir sobre una maternidad es la de 14 años. Pues esa es la edad mínima
que se requiere según el Derecho Canónico para que una mujer pueda contraer
matrimonio válidamente, es decir, dar su consentimiento a relaciones sexuales
(legitimadas) y, por ende, a un posible embarazo en plena libertad y conciencia
de lo que hace.
Esperamos que usted como responsable político
de un Estado democrático tenga en cuenta estas consideraciones que representan
el sentir de una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas católicas en
nuestro país, incluyendo el electorado del Partido Popular.
Muy atentamente,
Mar Grandal
Presidenta
Católicas
por el Derecho a Decidir de España.
Etiquetas:
aborto,
anticoncepción,
derechos sexuales
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