La nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, prevé que el aborto sea atendido en la red sanitaria pública como cualquier otra prestación, lo que, con la actual demanda, sumará unas 26.000 intervenciones ginecológicas anuales a las que ya se practican. Algunos ginecólogos trabajan con las administraciones en el replanteamiento del uso de la píldora abortiva RU-486. El fármaco, que interrumpe la gestación antes de la séptima semana de embarazo, es, destacan algunos especialistas, menos agresivo que el paso por el quirófano. La RU-486 se comercializó hace más de 15 años en Europa y Estados Unidos. En Suecia, la emplean el 80% de las mujeres que abortan.
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