La responsabilidad última de mantener los derechos de la salud sexual y reproductiva recae en las autoridades nacionales, quienes deben desarrollar estrategias de largo plazo para asegurar los recursos.
La entidad Planned Parenthood, fuente vital de servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, se acaba de ver obligada a retirarse del programa de planificación familiar Title X, que apoya a mujeres de bajos ingresos. La decisión, que responde a una nueva norma de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, prohíbe a las clínicas Title X referir pacientes para que se les realicen abortos. Esto costará a Planned Parenthood cerca de 54 millones de euros al año.
Esa pérdida se vuelve pequeña si se compara con los costes humanos que suponen limitar los derechos de la salud sexual y reproductiva (DSSR) al impedir que los pacientes manejen información médica crucial. Con todo, perder la financiación de Title X —que se habría usado para adquirir anticonceptivos, exámenes para detectar cáncer cervical y de mama, infecciones de transmisión sexual (ITS) y otros servicios de salud esenciales— es un duro golpe. Sin embargo, Planned Parenthood no está sola: en todo el mundo las organizaciones que protegen los DSSR enfrentan limitaciones financieras similares o peores.
La comunidad internacional sabe que los DSSR tienen grandes implicaciones para la salud y el desarrollo humano, incluidas la educación, la reducción de la pobreza y la igualdad de género. Así se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados por los líderes mundiales en 2015, que incluyen la meta de asegurar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.
Sin embargo, sin financiación suficiente, este objetivo no se podrá alcanzar. La prestación de servicios de salud generales en los países de ingresos bajos y medios se financia principalmente por donantes y, como señaló Pauline Irungu, representante de promoción y políticas de Kenia en la organización PATH, durante la conferencia Women Deliver de este año, existe una gran carencia de fondos para planificación familiar. Se estima que la brecha de financiación solo para eliminar muertes prevenibles de madres, niños y adolescentes llega a los 30.000 millones de euros.
Incluso los fondos actuales no están garantizados debido a factores que van desde la fluctuación de los tipos de cambio a las movidas agendas políticas. La Administración Trump acaba de dar una chocante muestra de lo vulnerables que esto deja a los países.
No sorprende que la ley mordaza global esté asociada al aumento de los índices de ITS, los abortos no seguros y las muertes prevenibles
Casi inmediatamente después de asumir el cargo, Trump restableció la llamada "ley mordaza global" —oficialmente nombrada la Política de Ciudad de México—, que bloquea los fondos federales estadounidenses para cualquier ONG que ofrezca consejerías sobre aborto, hagaderivaciones o promueva derechos de aborto doméstico. Al castigar cualquier organización que respete el derecho de los pacientes a información médica relevante —y que potencialmente podría salvar sus vidas— la administración Trump apartó a millones de personas no solo de la posibilidad de recibir servicios de salud sexual y reproductiva, sino también otros no relacionados. Estos podrían ser el VIH / SIDA, la malaria y la tuberculosis. No sorprende que la ley mordaza global esté asociada al aumento de los índices de ITS, incluidos el VIH, los abortos no seguros y las muertes prevenibles.
Estados Unidos también ha bloqueado la financiación al Fondo de Población de la ONU (Unfpa), uno de los principales prestadores mundiales de servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en áreas de conflicto. La administración Trump aduce, sin base alguna, que en su trabajo en China la Unfpa violó la Enmienda Kemp-Kasten promulgada en 1985, que bloquea la ayuda a cualquier organización que EE. UU. considere que participe en prácticas coercitivas, tales como las esterilizaciones forzosas.
Y hay más todavía: la Administración Trump presionó para que se eliminara la frase “salud sexual y reproductiva” de acuerdos multilaterales anuales, como el de la Comisión sobre el Estado de la Mujer de la ONU, aduciendo que ese lenguaje condona el aborto. De manera similar, en abril presionó a Alemania para que suavizara unaresolución de la ONU que apuntaba a prevenir las violaciones en situaciones de conflicto al eliminar las frases que reconocieran el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. Para socavar aún más las responsabilidades civiles, también ha eliminado los derechos reproductivos de los informes anuales de Derechos Humanos del Departamento de Estado y abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por otra parte, no hay duda de que otros países donantes están poniéndose a la altura del reto de proteger los DSSR. Citando las “devastadoras consecuencias” de la politización de los derechos de las mujeres, el primer ministro canadiense Justin Trudeau prometió recientemente aumentar el gasto de su país destinado a mujeres y niñas en el ámbito global desde 761 millones de euros a 910 millones para el año 2023.
Pero no basta con eso. Es urgente que los Gobiernos de los países en desarrollo reduzcan su dependencia de las donaciones externas. Y, sin embargo, hasta ahora han demostrado bastante lentitud.
Por ejemplo, en 2001 los Gobiernos de la Unión Africana (UA) se comprometieron en la Declaración de Abuya a destinar un 15% de sus presupuestos anuales a mejorar el sector de la salud. Una década más tarde, solo un país había cumplido ese objetivo. Y mientras 26 habían aumentado la proporción de fondos para este sector, 11 los habían reducido.
Es urgente que los Gobiernos de los países en desarrollo reduzcan su dependencia de las donaciones externas.
En Ghana, mi país, el Gobierno destina hoy cerca de un 8% de su presupuesto a la salud. La mayor parte de esos fondos son para pagar las remuneraciones de los empleados, dejando pocos recursos disponibles para mejorar la atención. No se conoce con exactitud cuánto va a servicios de salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, hay razones para el optimismo. La segunda Cumbre Nacional por la Salud Reproductiva Adolescente, celebrada el año pasado y organizada por el Consejo Nacional de Población, con apoyo de Marie Stopes International, el Gobierno de Ghana y socios de la comunidad civil, se centró en "la financiación más allá de la ayuda", como rezaba su eslogan. El evento, que resalta el vínculo entre los DSSR y el manejo demográfico y promueve las ideas y la innovación de los jóvenes, produjo un compromiso del Gobierno a aumentar los fondos para salud, si bien de manera gradual.
Los jóvenes del mundo en desarrollo han estado luchando por los DSSR. Por ejemplo, en el Consejo Asesor de la Juventud de la UA participa Shakira Choonara, nombrada Mujer del Año en el ámbito de la Salud en Sudáfrica en 2017, y Natasha Wang Mwansa, que recibió una ovación de pie de los líderes mundiales en la Conferencia Women Deliver de 2019. En el ámbito comunitario, Shomy Chowdhury impulsa una campaña de higienización y potabilización del agua (WASH) en Bangladés, y Maureen Muketha trabaja para mejorar la nutrición infantil en Kenia rural.
Pero la responsabilidad última de mantener los DSSR recae en las autoridades nacionales, quienes deben desarrollar estrategias de largo plazo para asegurar una financiación sostenible de programas de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. El desarrollo de sus países depende de ello.
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