viernes, 31 de julio de 2015
La ONU pide no adoptar la ley que impide el aborto sin consentimiento paterno
El Parlamento español no debería aprobar el proyecto
de ley que impide a las menores de 18 años abortar sin el consentimiento de sus
padres, según sugirió hoy el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
España se sometió el pasado 8 de julio al escrutinio
del CEDAW, y hoy este organismo ha hecho públicas las conclusiones sobre dicha
evaluación.
Las miembros del Comité muestran su "preocupación"
por el hecho de que el nuevo proyecto de ley, que establece que las menores de
18 años sólo puedan abortar si cuentan con el consentimiento de sus padres o
tutores, ya haya sido probado por el Congreso de los diputados, y pide
expresamente que la nueva norma "no se adopte".
En la misma línea, las expertas recomiendan a España
que la educación sexual y de derechos reproductivos sea obligatoria como parte
del currículum regular, "incluyendo educación sobre comportamiento sexual
responsable, prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión
sexual".
Por otra parte, el Comité "está alarmado por la
prevalencia de la violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual, con
un alto porcentaje de mujeres que mueren como resultado de violencia de género
en relaciones íntimas".
Ante esta situación, las expertas critican que la ley
orgánica 1/2004 no cubra la violencia de género ajena a la pareja, y la
"limitada disponibilidad" de refugios para mujeres.
Asimismo, el Comité se alarma ante el número de niños
que murieron a manos de sus padres durante las visitas, 20 entre 2008 y 2014.
Ante esta realidad, el Comité pide que se revise la
legislación para que incluya la violencia de género ejercida por cuidadores o
policías, entre otros, y que se estipule obligatorio la formación para jueces,
fiscales y policías sobre el alcance de la violencia de género.
Además, las expertas piden a España que haga todo lo
posible para que las niñas y las mujeres denuncien las agresiones que sufren, y
que el Estado les proporcione suficiente apoyo y ayuda.
El Comité comienza su informe lamentando que las
medidas de austeridad hayan afectado especialmente a las mujeres, que han
dejado de obtener beneficios sociales o, directamente, han perdido sus empleos.
En este sentido lamenta que los inmigrantes
indocumentados hayan perdido el derecho de ser atendidos en la sanidad pública
y pide que se reinstaure ese derecho para que las mujeres que residen en
territorio español, sin tener en cuenta su estatus migratorio, puedan contar
con los cuidados médicos adecuados.
Asimismo, las expertas denuncian que la diferencia
salarial entre hombres y mujeres (17,8 %) sea mayor que la media de la Unión
Europea, y que la representación femenina en posiciones de decisión en la
empresa (18,2%) sea muy baja.
En ese sentido, el Comité lamenta que la ley 31/2014
no incluya sanciones para las empresas que no cumplan con la necesidad de un
equilibrio de género en sus consejos de administración.
En la misma línea, el Comité lamenta la baja
representación femenina en cargos de responsabilidad política y recuerda que sólo
4 de los 17 presidentes de comunidades autónomas son mujeres y que sólo 12 de 199
embajadores del cuerpo diplomático son féminas.
Para equilibrar esta situación, las expertas
recomiendan a España que adopte medidas especiales, como un sistema de cuotas,
para incrementar la participación de la mujer en la vida política del país.
Finalmente, el Comité pide a España que
"considere el restablecimiento del Ministerio de Igualdad de Género"
con recursos personales y financieros suficientes.
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