En el Día Mundial de la Anticoncepción la FPFE
recuerda que todavía en nuestro país hay necesidades no cubiertas de acceso a
los servicios de salud sexual y reproductiva y que siguen sin abordarse por
parte de las Administraciones públicas. Es el caso, por ejemplo, de las
personas inmigrantes que no cuentan con la tarjeta sanitaria, y de los
colectivos en situación de mayor vulnerabilidad que difícilmente tienen acceso
a la información y los servicios. Hay que abordar los problemas de uso de los
métodos anticonceptivos por parte de las personas jóvenes, y las desigualdades
en la financiación y el acceso a los servicios entre las comunidades autónomas.
En el Estado español casi un 70% de las mujeres en
edad fértil usan anticoncepción moderna, un porcentaje casi 30 puntos por
encima del que se tenía en los años 80, lo que supone un avance muy importante.
Pero constatamos que entre las personas jóvenes este porcentaje se reduce al
60%. Muchas y muchos jóvenes usan los anticonceptivos seguros de forma no
continuada o inconsistente, en menor proporción que los adultos (es el caso del
preservativo masculino) y con un menor uso de métodos hormonales, lo que reduce
la efectividad de la anticoncepción. Por otro lado, tanto los hombres como las
mujeres, especialmente jóvenes, controlan más el riesgo de embarazo no deseado
que la prevención de las infecciones de transmisión sexual (I.T.S.).
Como afirma el presidente de la FPFE, Luis Enrique
Sánchez, a pesar del aumento del uso de anticonceptivos en nuestro país, hay
colectivos que “tienen más dificultades en el acceso a los servicios de
asesoramiento contraceptivo, se exponen a un mayor riesgo de embarazos no
planificados, desconocen en mayor medida la anticoncepción de urgencia y
presentan tasas más altas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que el
resto de la población”. Esta realidad requiere de las Administraciones públicas
un esfuerzo añadido para ofrecer atención efectiva y asesoramiento adecuado en
salud sexual y reproductiva, y la derogación de las medidas que excluyen a las
personas de la atención sanitaria por su situación administrativa.
En este sentido, la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo incluye el compromiso de
establecer una estrategia estatal que a día de hoy sigue sin desarrollarse. El
consejo contraceptivo y la financiación de los anticonceptivos eficaces sigue
dependiendo de las decisiones de las comunidades autónomas, que en muchos casos
no tienen los servicios de salud sexual y reproductiva entre sus prioridades.
Esto genera desigualdades entre territorios que se deben corregir urgentemente.
¿Qué hay
que hacer?
La FPFE insiste en que hay que desarrollar la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva y acordar, con base en las
competencias de las comunidades autónomas, unos criterios comunes que eliminen
las desigualdades en el acceso a los servicios y garanticen el acceso de todas
las personas a la información y
los servicios.
Es necesario también que el sistema sanitario
garantice la financiación de los anticonceptivos seguros, incluidos los más
novedosos y la anticoncepción de urgencia. Hay que recordar que este gasto hace
ahorrar en gastos mayores al sistema sanitario derivados de la morbilidad y
mortalidad asociada a embarazos no planificados; que reducirá el número de
abortos, incidirá en la mejora de la salud pública y contribuirá a una mejor
calidad de vida.
Además, la contracepción debe estar incluida en los
planes de estudio del sistema educativo como parte de la educación
afectivo-sexual que sigue sin ser obligatoria a pesar de la Ley y de las
recomendaciones de organismos internacionales, y hay que reorganizar y
establecer mecanismos de integración funcional de los servicios de atención
primaria, los centros de orientación y planificación familiar y la atención
especializada, para mejorar la cobertura y la atención, especialmente de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad.
¿Qué pasa en el mundo?
Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a
información y servicios de planificación familiar modernos.
La disponibilidad de los métodos anticonceptivos en
los países en situación de pobreza depende en gran medida de la financiación de
países donantes, es decir, de la ayuda internacional. Ahora, varias
organizaciones internacionales alertan de que estos países no están cumpliendo
con sus compromisos de financiación, mientras que los gobiernos de los países
en desarrollo siguen sin asignar los suficientes fondos nacionales a la
contracepción.
Estas organizaciones, entre las que están la
estadounidense PAI, Marie Stopes International con sede en Londres, la Reproductive
Health Supplies Coalition y la Federación Internacional de Planificación
Familiar (IPPF), de la que forma parte la FPFE, piden al Secretario General de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que desarrolle un plan que aborde lo que ya es
una crisis de acceso a métodos anticonceptivos, y que ponga de relieve la
importancia central de la contracepción para lograr los objetivos de desarrollo
sostenible que se aprobaban hace un año en la Asamblea General de Naciones
Unidas y que marcarán la agenda mundial de desarrollo hasta 2030.
Como estas organizaciones explican, el 65% de los
países del África subsahariana con mayores necesidades cubre menos del 10% de
los anticonceptivos con sus propios fondos[2]. Un 92% de estos países dependen
de donantes para cubrir más de la mitad de las necesidades en contracepción, y
un 46% dependen totalmente de la ayuda internacional para la provisión de
anticonceptivos. Por su parte, el Fondo de Población de Naciones Unidas
(UNFPA), el organismo mundial clave para la entrega de suministros y servicios
de planificación familiar en países de ingresos medios y bajos, podría acumular
un déficit presupuestario de unos 140 millones de dólares en 2016 debido a los
recortes en las contribuciones de los países ricos a este organismo.
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