miércoles, 11 de diciembre de 2013

NOTA DE PRENSA MOCIÓN PLENO AYUNTAMIENTO S/C DE TENERIFE


El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba, a propuesta del Colectivo Harimaguada, una moción que rechaza la reforma de la ley que prepara el PP y defiende el aborto como derecho universal y en la sanidad pública.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado en el Pleno del viernes 29 de noviembre de 2013 una moción que rechaza la reforma restrictiva que está preparando el gobierno del Partido Popular de la actual Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, exigiendo al gobierno español que no atente contra los derechos fundamentales de las mujeres e instándole a que incorpore un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito, que se mejore la ley vigente en estos momentos, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía reproductiva de todas las mujeres.

La moción contempla que el aborto sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la red pública, garantizando la equidad territorial y su carácter universal y que se implementen políticas y medidas que garanticen el desarrollo de una educación y atención sexual y afectiva, con perspectiva de género y no heteronormativa, en todos los niveles de la enseñanza, como tarea conjunta y coordinada de todos los agentes sociales implicados. La moción contempla también el acceso a los diferentes métodos anticonceptivos con garantía de gratuidad y facilidad de acceso, así como la regulación de la objeción de conciencia de las y los profesionales, de forma que no sea un obstáculo para garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública.

Así mismo se insta al Gobierno de Canarias a que se comprometa, dentro de sus competencias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en la red sanitaria pública, en los términos exigidos al gobierno español y a consignar en los presupuestos municipales una partida económica específica para impulsar políticas municipales que faciliten la ejecución de programas de educación y atención afectiva y sexual en el municipio.

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