miércoles, 9 de julio de 2014
La Ley de Salud Sexual cumple 4 años en plena polémica por su futura derogación
La reforma de Gallardón solo contempla como legales el aborto en caso de
violación o de riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre
Este sábado 5 de julio se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo
que implantó un sistema de plazos con
aborto libre en las primeras 14 semanas, en plena polémica sobre su
futura derogación, prevista por el Ministerio de Justicia para devolver esta
cuestión al Código Penal, donde estuvo regulada entre 1985 y 2010.
Pese a que han pasado cuatro años, sólo existen datos oficiales sobre el
resultado de la aplicación de esta norma correspondientes al 2011, cuando se
practicaron 118.359 abortos, y el 2012, cuando la cifra se redujo hasta los
112.390, en torno a un cinco por ciento menos. Los datos del 2013 no se darán a
conocer hasta finales de este año.
Para las organizaciones de mujeres que ven en esta ley un avance en la
consolidación de los derechos sexuales y reproductivos, la reducción quitó la
razón a quienes defendían que el aborto
libre iba a disparar las cifras en España. Las mismas entidades han
venido lamentando que el que iba a ser el eje de la legislación, la promoción
de la salud sexual, no fuera desarrollado con la profundidad esperada.
Por su parte, las organizaciones antiabortistas, han venido reclamando
la derogación inmediata de la norma por considerar que se trataba de una
barbaridad impropia de un país civilizado permitir la eliminación libre de
vidas en gestación. Frente al «coladero» que en su opinión suponía la ley de
1985, la llamada 'Ley Aído' es a su juicio, «aberrante».
La norma, generada en el extinto Ministerio de Igualdad y gestionada
actualmente por la cartera de Sanidad, permite además abortar hasta la semana
22 «siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto» y en cualquier
momento de la gestación si lo que se detectan son «anomalías fetales
incompatibles con la vida» o «una enfermedad extremadamente grave e incurable»
en el no nacido.
Este aspecto motivó una recomendación a España del Comité de Naciones
Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, esperando que
modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los
gestados que padeciesen algún mal discapacitante.
Este era también uno de los argumentos que esgrimió un grupo de
diputados del Partido Popular al recurrir la ley ante el Tribunal
Constitucional, institución que aún no se ha pronunciado ni tiene previsto
hacerlo a corto plazo. El Consejo de Estado, consultado durante la elaboración
de la norma, dijo que ésta encajaba en el orden constitucional.
El Partido Popular ganó las elecciones del 2011 con la promesa de
reformar la norma y, en concreto, «cambiar el modelo actual de la regulación
del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida así como de las
menores», tal y como decía su programa.
El encargado de cumplirlo no ha sido el titular de Sanidad, sino el de
Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, que ha optado por hacerlo derogando la ley del 2010 y
recuperando un sistema de supuestos despenalizados en el Código Penal similar
al que figuraba en 1985.
Su anteproyecto, que llegará en breve en segunda vuelta al Consejo de
Ministros, sólo contempla como legales el aborto en caso de violación o de
riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, peligro éste que
habrá de acreditar con toda una serie de informes médicos.
Aunque tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo
Fiscal han recomendado que se introduzca asimismo la despenalización del aborto en casos de malformación fetal, el
Ministerio de Justicia no ha concretado sí lo hará, aunque tiene claro que la
discapacidad «jamás» será un supuesto en sí mismo. Se baraja ahora la
posibilidad de introducir una lista cerrada de patologías fetales graves para
las que sí se daría amparo legal al aborto.
La iniciativa ha suscitado la contestación tanto de quienes son
contrarios a derogar la legislación vigente, que consideran una involución, un
retroceso y una agresión a los derechos de las mujeres, como de quienes
esperaban una política de aborto cero, para quienes la norma, bien encaminada,
peca de poco ambiciosa.
La última polarización
social al respecto se escenificó este jueves en el Congreso de los Diputados,
donde se dieron cita dos eventos simultáneos, uno defendiendo el derecho a
decidir y otro el derecho a la vida, que contaron con diputados y
representantes de grupos y partidos distintos del arco parlamentario.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/07/05/ley-salud-sexual-cumple-4-anos-plena-polemica-futura-derogacion/00031404546639821287218.htm
Etiquetas:
aborto,
derechos reproductivos,
derechos sexuales
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