El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más
restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón,
ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la
mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y
volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la
Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de
acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para
la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos
—con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que
decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales
gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico
que eso tenga en la embarazada.
La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón
aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no
nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus
derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010,
vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer
que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque
“desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo
se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP
ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el
Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de
que esa ley es inconstitucional.
El PSOE calificó la futura norma de “vergüenza” y auguró que
producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de
oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en
contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo
(ACAI) —a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios
prohíbe publicitar— afirmó en un comunicado que la ley hará “prácticamente
imposible” abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se
produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.
El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y
después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de
aproximadamente un año.
» La malformación fetal no será motivo de aborto. El
anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos:
que el embarazo sea fruto de una violación (alegable en las primeras 12
semanas) y que genere un “grave peligro para la vida o la salud física o
psíquica de la embarazada” (alegable en las primeras 22 semanas). Desaparece,
por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal
incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante
tres décadas.
Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este
sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo
un motivo legal para abortar.
Gallardón, que anunció la supresión de ese supuesto hace año y
medio, fue modulando su propuesta en los meses siguientes —ante la enorme
polémica generada— y, el pasado mayo, en el Senado, hizo una distinción: entre
las malformaciones fetales muy graves —“que naturalmente la legislación
contemplará como ha contemplado siempre”, dijo— y las “discapacidades” del
feto, que quedarían fuera de la ley para no “discriminar” a los discapacitados.
Finalmente ha renunciado a esa distinción: todas las malformaciones y
enfermedades quedan fuera de los supuestos legales de aborto. “No hay embriones
de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda”,
argumentó.
La autorización la firmarán dos médicos ajenos a la clínica que
haga el aborto
» El “coladero” del daño psicológico, pero con más obstáculos.
Que la malformación fetal desaparezca como supuesto no quiere decir que ninguna
mujer embarazada de un feto con problemas de salud (del grado que sean) vaya a
poder abortar: podrá hacerlo, si demuestra que eso supone un “grave peligro”
para su salud psíquica, porque será eso lo que tendrá que alegar. El Gobierno
recupera el supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985,
al que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres y que el PP y las
asociaciones antiabortistas tachaban de “coladero”. Lo recupera pero con un
procedimiento más exigente, más complicado y más largo.
» Un informe de dos médicos y ajenos a la clínica. El “grave
peligro” para la salud psíquica de la mujer —supuesto al que se acogerán
previsiblemente quienes quieran abortar por malformación fetal o por otros
motivos— tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por dos médicos
(ahora es solo uno). Esos dos profesionales no podrán ser los mismos que vayan
a practicar el aborto —igual que sucede con la ley actual— pero tampoco podrán,
y esta es la novedad, trabajar en el mismo centro en el que se practique el
aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo
se produce en clínicas privadas, y son médicos de esas mismas clínicas los que
elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con
la ley de 1985.
Ahora el PP rompe ese vínculo, para garantizar la
“imparcialidad” de los informes médicos.
La mujer podrá elegir qué dos médicos —de la sanidad pública o
de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto— firman
su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es
producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá
que haber dos informes: uno de un especialista que acredite que la anomalía
existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la
mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo
puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida (ahora es
igual).
Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto
de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre
la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse, “desde el ámbito
médico, de ninguna otra forma”. Y solo se entenderá que hay daño psíquico
cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y
“con permanencia en el tiempo” para la mujer. El Ministerio de Justicia afirma
que así es como el Tribunal Constitucional describió en 1985 el riesgo para la
salud psíquica.
La embarazada podrá decidir qué facultativos realizan el informe
» Información a la embarazada: verbal y con siete días de
reflexión. En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos
un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos
de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes
de abortar. Ese plazo se amplía ahora a siete días, y la información —que no
incluirá fotos de ecografías, según confirmó Gallardón— tendrá que darse en
persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos.
Fuentes de Justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en
todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de abortos tardíos. “Se
potenciarán los servicios sociales para que eso no suceda”, confían.
» Las menores, con permiso paterno. Las chicas de 16 y 17 años
volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes
de 2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a
quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la
opinión de la embarazada.
» Derecho a la objeción de conciencia generalizado. Todos los
profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea necesario
para realizar un aborto —desde el administrativo al celador o al que dispone
los instrumentos en el quirófano— podrán acogerse a la objeción de conciencia.
Con la ley actual solo pueden hacerlo los médicos que practican el aborto.
»Un delito sin castigo para la mujer. Los abortos realizados
fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el
médico (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora).
La mujer no tendrá reproche penal. Gallardón se felicitó de esa novedad y lo
justificó en que la mujer es una “víctima” del aborto, un argumento que algunas
asociaciones de mujeres tacharon de “paternalista”.
