jueves, 14 de junio de 2018
Derecho al placer
La erótica y la sexualidad de las personas con diversidad funcional pasa por un momento de visibilización gracias a varios proyectos de acompañamiento y aprendizajes comunes.
A los 17 años, Igor Nabarro (Gasteiz, 1978) tuvo un accidente que le generó una lesión medular y desde entonces utiliza silla de ruedas. Recibió ayuda para la rehabilitación física y psicológica, pero careció de apoyos en todo lo relativo a su dimensión sexual. A partir de ese momento, se trastocaron sus parámetros de socialización como hombre, al no verse reconocido en los estereotipos sociales vigentes. Esa fue una de las razones que le llevaron a formarse como sexólogo en primera instancia —hace cinco años— y, más tarde, como asistente sexual. El año pasado, junto con las sexólogas Xandra Garcia y Patricia Perez, creó Izanez, asociación vasca para la atención y el cultivo de sexualidades diversas.
La entidad se dedica a la visibilización, atención, asesoramiento y terapia en aspectos relacionados con la dimensión sexual de personas con diversidad funcional. “Queremos ampliar el modelo limitado actual de la erótica, ya que la sociedad nos impone un modelo basado en el coito y en determinadas prácticas específicas”, afirma Igor, quien opina que muchas personas creen que, como no pueden desarrollar su actividad sexual “siguiendo la norma” debido a que su configuración orgánica no se corresponde con los modelos normativos, la erótica y los encuentros íntimos están fuera de su vida. “Nuestro objetivo es que descubran que hay diferentes maneras de vivirse y desarrollar su erótica”, afirma.
“Queremos ampliar el modelo limitado actual de la erótica, ya que la sociedad nos impone un modelo basado en el coito y en determinadas prácticas específicas”, afirma el sexólogo Igor Nabarro.
Uno de los mitos o prejuicios más extendidos respecto a las personas con diversidad funcional es su “supuesto” desinterés por la sexualidad o por la erótica, y la imposibilidad de desarrollarlas. “Eso incluye la incapacidad de sentir, de desear o de ser deseables”, señala Nabarro, quien subraya la doble estigmatización de las mujeres. “En la medida que su rol está fuertemente vinculado a la maternidad, y que se cree que ya no pueden abarcar esa dimensión, se las asexualiza”, apunta. Incluso, las mujeres con diversidad funcional están, en muchos casos excluidas de actuaciones públicas de salud reproductiva y de planificación familiar relativas a la atención ginecológica, el acceso a los anticonceptivos, o los análisis oncológicos.
El 3 de diciembre de 2017, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas en situación de Discapacidad, se produjo la presentación en sociedad de Izanez, y la acogida por parte de asociaciones, familias y parejas ha sido muy buena. “Hay pocas cuestiones en nuestra vida que proporcionen tanto bienestar y que encima sean gratis”, bromea Igor. Por otro lado, aunque el proyecto también ha sido bien recibido por parte de los técnicos de las administraciones contactadas, comenta que el apoyo institucional es escaso. “Es una realidad poco conocida y a la que se da muy poca prioridad. En cuestión de diversidad funcional, el apoyo se vuelca en otros derechos, dejando de lado el campo de los deseos”, explica. Añade que las subvenciones y convenios para todo lo que tenga que ver con el sexo “sigue siendo algo tabú”. “Corren malos tiempos para la erótica: vuelve un puritanismo que dificulta un trabajo desde lo público”, concluye.
DE LA ASESORÍA AL EMPODERAMIENTO
Además de promotor de Izanez, Nabarro es también asistente sexual en el Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual (GESAS), formado en 2016. Es uno de los organismos dedicados a la asistencia sexual en Euskal Herria, al que acuden algunas personas derivadas de Izanez cuando se ve necesario que desarrollen ciertos aspectos de su dimensión sexual. Inma Ruiz de Lezana, codirectora de Landaize Sexologia (Escuela Vasca de Sexología), fue una de las impulsoras de GESAS. Considera muy importante el derecho de las personas con discapacidad a tener su propia voz y reivindicar sus derechos, ya que “es habitual que en torno a esas personas se active un mito que les asexualiza y que las convierte en eternos menores, sin erótica ni sexualidad”. Para ella, es necesario abordar las demandas de aquellas personas que no puedan acceder al placer del cuerpo o a prácticas eróticas: de ahí la importancia de la figura del asistente sexual para apoyar a quien se enfrenta a esas dificultades.
En el ámbito social, el primer organismo que empezó a hablar de asistencia sexual en el Estado español fue el Foro de Vida Independiente. De ahí nació el proyecto Yes We Fuck, cuyo documental imprescindible —de mismo nombre— reivindica más derechos sexuales frente al binomio dependencia/infantilización. Anteriormente ya existían entidades como Tandem Team —en Catalunya— o webs como asistenciasexual.org, cuyos servicios incluyen en ambos casos la puesta en contacto de asistentes sexuales con demandantes.
Inma Ruiz de Lezana considera muy importante el derecho de las personas con discapacidad a tener su propia voz, ya que “es habitual que se active un mito que les asexualiza y que las convierte en eternos menores, sin erótica ni sexualidad”.
Debido a que, a diferencia de países como Suiza, la asistencia sexual no está regulada, y que cada entidad tiene distintos enfoques, GESAS forma a sus asistentes en sexología. “Esto antes se consideraba prostitución, por eso es importante que se reconozca la sexualidad de las personas con diversidad funcional, y que no se confunda con que esta figura va a ser quien supla todas las necesidades que existen en este ámbito”, afirma Ruiz. En su opinión, uno de los retos es cambiar el paradigma del coitocentrismo. En ese sentido, el contacto con la piel, la intimidad, las caricias, etcétera, adquirirían un significado máximo frente a la centralidad del coito que impone la cultura hegemónica. En esa lógica, las limitaciones de la asistencia sexual las fija el propio asistente.
CARICIAS, COITOS Y BAILES
El año pasado, y tras su propio proceso de formación, GESAS comenzó a ofrecer servicios de asistencia sexual con una red de asistentes formados, la mayoría de la CAV. María Eugenia Cabezas completó el proceso formativo y, aunque no ha llegado a ejercer debido a su trabajo y a su movilidad reducida en silla de ruedas, ha sido durante un tiempo la encargada de recibir y distribuir las demandas de la gente entre los asistentes. “Esto no es un negocio, ya que mucha gente no podría permitírselo; trabajamos desde el punto de vista asociativo, y solo tenemos una pequeña tarifa por desplazamiento”, apunta.
También recalca que la asistencia sexual no está solo pensada para personas con diversidad funcional. “Hay mucha gente con dificultades eróticas de diversa índole como, por ejemplo, vaginismo, eyaculación precoz o disfunción eréctil, y se puede ayudar”. Describe como emocionantes los momentos en los que el sufrimiento es entendido sin tener que dar mayores explicaciones, y critica que la mezcla de hipersexualización imperante y perspectiva genitalizada —que asocia la sensualidad a la penetración— lo pone difícil a la hora de compartir los problemas con el entorno cercano.
“Buscamos empoderar a la persona, ya sea alguien con discapacidad o en una situación de vulnerabilidad que le impida retomar su vida erótica”, explica Cabezas, quien también advierte contra la tentación de equiparar la asistencia con la prostitución. “No diferencio entre una caricia, una masturbación, un acompañamiento erótico, un coito... habrá asistentes que, por ejemplo, bailen”, afirma. Según cuenta, los cauces por los que se accede a la asistencia sexual son diversos. Hay personas que la demandan sin contárselo a su familia, y hay veces en las que la propia familia solicita el servicio. Por lo general, hay que hacer un trabajo específico en lo relativo a la privacidad, sobre todo en personas con discapacidad intelectual. “Si un alumno se masturba delante de los niños en el patio del recreo, hay que ver qué significa este acto. Hay un deseo activo pero nadie le ha explicado que se realiza en privacidad, aunque también podría deberse a que esa persona no tiene capacidad de tener un espacio de intimidad”, explica Ruiz. “En todo caso, hay que educar sobre la diferencia entre espacio privado y espacio público y que, por ejemplo, la masturbación pertenece a nuestra esfera íntima. Al final, una vez más, son las madres las que cargan con el peso de este tipo de cuidados”, añade Cabezas.
INFORMACIÓN FRENTE A ESTERILIZACIÓN
Tal y como denunció la Fundación CERMI Mujeres —ONG que defiende los derechos y libertades de las mujeres y niñas con discapacidad, así como las mujeres y madres asistentes de personas con discapacidad—, en el Estado español se sigue practicando la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, 140 personas fueron sometidas a este tratamiento en 2016, previa autorización del juez. Para Ruiz, estos métodos “vulneran todos los derechos y limitan enormemente la autonomía y la posibilidad de que cada cual pueda construir su proyecto de vida”. “La esterilización, por más que en ciertas situaciones pudiera estar correctamente planteada, es un abuso de poder si no hay consentimiento, contrapartidas y no se da pie a que las personas puedan desarrollar posteriormente su erótica”, afirma Igor Nabarro, quien explica que “no tiene ningún sentido que se siga sobreprotegiendo y negando el acceso a las relaciones y al desarrollo de la atención sexual y emocional”.
“La esterilización es un abuso de poder si no hay consentimiento, contrapartidas y no se da pie a que las personas puedan desarrollar posteriormente su erótica”, afirma Igor Nabarro
Las entrevistadas coinciden en la paradoja de esa tendencia a la sobreprotección por parte de familias e instituciones. “El exceso de cuidado limita las experiencias de aprendizaje y de conocimiento, cuando lo que debería hacerse es optimizar las posibilidades de crecimiento y que cada cual se convirtiera en el hombre o mujer que quisiera ser”, explica Inma Ruiz. Bajo la premisa de evitar problemas derivados del coito —como los embarazos no deseados o los abusos, que son “los miedos que activan los mitos”—, se evita hablar de aspectos fundamentales de las personas. Por lo tanto, según afirman, “para prevenir los problemas se discapacita más a las personas”, un bucle que se “retroalimenta” con la propagación de los miedos infundados, desatada en la era digital. El miedo a lo que vaya a pasar extiende la creencia de que la ignorancia garantiza cierta protección pero, como mínimo, amputa el acceso a la educación sexual.
La sexualidad puede entenderse de maneras diversas y el desarrollo del erotismo no debería modularse en función de estigmas. Sin embargo, y aunque imaginación y sensibilidad siempre van a fluir, todavía estamos lejos de un escenario en el que la figura del asistente sexual sea innecesaria. Entre tanto, y dado que hay multitud de dificultades específicas para que se garanticen los derechos sexuales de todas las personas, el derecho a la información y la educación es la mejor forma de empoderamiento porque, como comenta Igor: “la ignorancia nunca ha protegido a nadie”.
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Carlos de la Cruz, SEXÓLOGO EXPERTO EN DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD: "Hay que atender la sexualidad de la discapacidad intelectual"
Doctor por la Universidad Camilo José Cela, director y profesor del Máster en Sexología de este centro privado de Madrid. Colaborador de Plena Inclusión y autor del posicionamiento de esta federación sobre sexualidad y discapacidad intelectual. Invitado por Plena Inclusión Aragón, De la Cruz ofreció la semana pasada una charla titulada "Educar y atender la sexualidad de las personas con discapacidad: del tabú a la tarea" en la Facultad de Educación, con la colaboración de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la UZ.
–Usted es el autor del posicionamiento de Plena Inclusión sobre la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. ¿Cuáles son sus principales ejes?
–Parte de una idea previa, y lo que hace el posicionamiento es poner a la gente a pasar del tabú a la tarea. Esto es, pasar de algo que no hemos querido ver o que nos ha dado miedo a convertirlo en tarea. Es algo que no han conseguido ni los centros educativos ni sanitarios. Es el ámbito de la discapacidad el que ha tenido que dar un paso al frente diciendo que el tema de la sexualidad nos compete. Es un posicionamiento de mínimos irrenunciables sobre el cual edificar todo el desarrollo de la sexualidad de la persona con discapacidad intelectual. Y reparte esta tarea entre todos los agentes sociales. La persona tiene que ser la protagonista de su propia sexualidad, pero ahí también tienen algo que hacer la familia, los profesionales y las entidades, y hasta la propia sociedad. El posicionamiento aporta una visión global sobre la sexualidad y sobre el reparto de responsabilidades.
–Por qué la sexualidad de las personas con discapacidad está rodeada de más tabús que la del resto de la sociedad?
–Yo empiezo a dudar de que eso sea así. Es un asunto que cada día interesa a más gente. Es cierto que está rodeado de tabús, pero también en el resto de la sociedad. Pero es cierto que a veces no se ve porque, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, cuesta crecer con ellas, sobre todo en el ámbito de la familia. También es verdad que los profesionales solemos llegar tarde a abordar su sexualidad, y porque alguien nos lo pide. Cuando los jóvenes lo demandan y te piden que dejes de tratarlos como a niños, que los dejes tomar decisiones y reclaman su espacio, algo hay que hacer. Lo que ocurre con las personas con discapacidad es que a veces no te piden estas cosas. La propuesta de Plena Inclusión es abordar los mismos objetivos que con el resto de la población pero poniendo más empeño. Si esperamos a que parezca que haga falta, vamos a llegar tremendamente tarde.
–¿Qué debe hacer una familia cuando un hijo o un hermano con discapacidad intelectual les platea dudas o inquietudes sobre su sexualidad?
–El primer consejo es que traten de abordarla cuando su familiar es todavía un niño. Y otra recomendación es que cuando les toque hacerlo no se sientan solos y se echen toda esa responsabilidad sobre sus espaldas, porque va a pesar mucho. Se trata de aplicar el sentido común. Cuando un chaval o una chavala con discapacidad intelectual plantea algo relacionado con su sexualidad, más que lo que le cuentes, lo importante es que sepa que cuenta contigo. Cuando el joven pregunta, más que las palabras que uses importa que perciba que tienes un interés en responderle. Y eso al final es tono de voz, actitud... Se trata de hacerle ver que lo que a él le importa también te importa a ti. Y eso es mucho más sencillo de lo que parece, no hace falta ser sexólogo.
–Profesionales de distintos ámbitos coinciden en que España tiene graves carencias de educación sexual. En los centros especiales de educación y en las organizaciones de la discapacidad intelectual, ¿se aborda?
–No. Pero creo que tanto los profesionales como las familias se están poniendo a la tarea, por encima de otros profesionales y otras familias. Coincido con la idea de que en el ámbito educativo hay poca educación sexual, también en los centros especiales. Las administraciones y los profesionales de la sexología vamos más a los institutos que a los colegios de educación especial a ofrecer charlas, y por lo tanto los alumnos de instituto están mejor informados, con lo cual estamos generando una desigualdad. Y creo que eso tiene que ver con la infantilización permanente de la persona con discapacidad intelectual.
–¿Cuesta mucho verlos como adultos?
–Sí, y los profesionales tenemos que aprender a crecer con ellos.
–¿Están los recursos para la salud sexual y reproductiva adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo?
–Probablemente algunos se ven desbordados cuando les toca algún caso, bien por miedo a abordar la sexualidad de estas personas o bien por temor a lo que dirán los padres, no vaya a meterse en algún jaleo. Pero la mayoría de las familias no se van a enfadar si se las tiene en cuenta.
–Pero estas personas tienen las mismas necesidades que el resto de la población. ¿Qué habría que hacer para atenderlas?
–Yo creo que hay que continuar con la labor que estamos haciendo en Plena Inclusión, partiendo de nuestro posicionamiento. La sexualidad de las personas con discapacidad intelectual hay que atenderla. En este ámbito lo tenemos muy claro. Lo que hay que hacer es formar a los profesionales que no pertenecen a este sector, como a los de la sanidad. No se trata de convertirlos en expertos, sino de aportarles otra mirada.
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Todos, todas, y todes, "el lenguaje construye mundo, lo que no se nombra no existe"
"Se entiende por lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista aquel que no oculta, no subordina, ni excluye a ninguno de los géneros, y es responsable al respetar y hacer visible tanto a la mujer como al varón y a la diversidad sexual y de género".
En las vísperas de la votación del proyecto de ley que propone la despenalización del aborto en Argentina, se hizo viral un vídeo de una niña que cuestiona el uso de la lengua y reclama el “derecho a existir en el lenguaje”: la utilización de un lenguaje inclusivo. La polémica que se generó no le es ajena ni a la Real Academia Española.
"Se entiende por lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista aquel que no oculta, no subordina, ni excluye a ninguno de los géneros, y es responsable al considerar, respetar y hacer visible tanto a la mujer como al varón y a la diversidad sexual y de género", explicó la periodista feminista Azul Cordo.
Eso mismo pero con otras palabras decía la niña argentina en el vídeo, donde le contaba a su mamá por qué había interpelado a su maestra, la"seño":
"La seño me dice que el ‘todes’ no existe […] por más que ella me diga ‘no existe’ yo lo sigo teniendo en mi vocabulario […] los, las y les trans no se sienten identificados con ‘todas’ y ‘todos’. Hay trans que se sienten hombres, mujeres, pero hay algunos, algunas y algunes que no se sienten hombres ni mujeres. […] Nosotros, nosotras y nosotres respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y elles", explicó la niña.
La "seño" de esta niña piensa igual que la Real Academia Española, que ha manifestado varias veces su posición respecto a la neutralidad del lenguaje y al genérico masculino como válido para denominar a todas las personas.
Sin embargo, para Cordo "la niña explica perfectamente por qué es necesario" utilizar el lenguaje de género o inclusivo: para nombrar a todas las personas.
"La propuesta del lenguaje inclusivo es construir desde la diversidad que ya existe en el mundo, nombrarla", aseguró. De esa forma se estaría "visibilizando" la diversidad de género y sexual, y "estimulando la igualdad de oportunidades".
"El lenguaje construye mundo —aseguró la periodista —. El lenguaje no sexista viene a discutir [el planteo de la RAE] y a decir que no, que hay un montón de personas que no estamos siendo nombradas" bajo el genérico masculino o femenino. "El lenguaje no es neutro", agregó.
Según explicó la experta, el lenguaje inclusivo interpela y es irruptivo, por eso hace pensar qué era lo que no estábamos nombrando hasta ese momento, también por eso mismo puede provocar incomodidad y burlas.
La niña da cuenta de ello en el vídeo, cuando dice que cada vez que habla utilizando lenguaje de género, un compañero de clase le dice: "ay, basta con esas palabritas". "No es una palabrita, es un derecho", le replica ella.
"Se trata de ponernos a pensar a quiénes estamos nombrando y a quienes no, a quiénes visualizamos como aptos y pertinentes para este mundo y a quiénes no, y que sin embargo sobreviven aunque no sean nombrados". "Es una postura política", concluyó.
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El auditorio de las jornadas especializadas en sexología aglutinó a más de un centenar de profesionales en la Casa Revilla de Valladolid
Valladolid reúne a más de cien profesionales de la sexología, que destacan la necesidad de romper tabúes e ideas preconcebidas en torno a la aplicación real de esta especialidad
Los nuevos postulados de la discapacidad apuestan por poner el foco de atención en las capacidades y valores que todas las personas tienen más allá de los condicionantes personales con los que se conviva. En este misma línea, aunque sea un tema aún poco abordado y cubierto de un cierto pudor, ha sido analizada la sexualidad en la discapacidad dentro del amplio programa de las Jornadas «De las lindes sexológicas», que se han celebrado recientemente en Valladolid de la mano del Centro Integral de Encuentros Sexológicos, y en las que han participado más de un centenar de profesionales procedentes de toda España.
«Existía una necesidad en la profesión de juntarnos y nos sentimos muy orgullosos porque hemos podido elaborar un programa muy variado y donde han confluido importantes referentes de la sexología que hacía mucho tiempo que no coincidían en estos foros», explica Guillermo González, uno de los creadores junto a Lucía Sumillera de este Centro especializado en la atención sexológica. Estos profesionales destacan la necesidad de romper tabúes e ideas de esta profesión, «que va más mucho más allá que la genitalización y donde entra, por ejemplo, la terapia en pareja, la educación basada en el respeto y el consentimiento, la discapacidad, y mucho más», añade Lucía.
Dentro de las 18 ponencias que se desarrollaron, dos de ellas se centraron en el abordaje de la sexualidad en las personas con algún tipo de discapacidad. Concretamente, Javier Bengoa, del centro de atención a personas con discapacidad severa intelectual «Gorabide», trajo a este foro de encuentro experiencias aplicadas en su institución. «Desde que partimos de la idea de que todas las personas somos seres sexuados somos conscientes de que somos seres amados y que amamos», explica Bengoa quien añade que por ese motivo es preciso «dar respuesta a la necesidad sexual de las personas más allá de sus capacidades».
Destaca no obstante que sigue existiendo entre el colectivo la idea de «infantilizarlos, lo que deja fuera de lugar el concepto del placer carnal». En este sentido, Javier resalta que de las diferencias que puedan surgir en este abordaje nace también «una forma diferente de sexar con manifestaciones sexuales socialmente no aceptadas que precisan de una intervención concreta».
Plan estratégico
Desde el año 2012, el centro «Gorabide» incluye en su Plan Estratégico estas acciones «que posibilitan propiciar momentos y espacios de intimidad para las personas que así lo precisan, tratando de entender las necesidades que a veces no pueden ser comunicadas explícitamente».
Como ejemplos reales Javier habla del estado de relax que a uno de los residentes le produce estar bajo la lluvia o rozar su cuerpo con la hierba del campo; o las caricias en la cabeza que solicita otra de las personas. Diferentes manifestaciones que precisan de un abordaje profesional enfocado a una calidad de vida que no excluya las pulsiones sexuales.
Una de las figuras que cuenta con mayor promoción dentro de la políticas de apoyo a la discapacidad es la del asistente personal. En este sentido el encuentro también abordó la especialización de la figura concretamente como asistentes sexuales y los diferentes enfoques que en la actualidad existen de este servicio.
La sexóloga y directora del Grupo de Estudio Sexológico en Asistencia Sexual, Inmaculada Ruiz de Lezana, expuso la dificultad que aún hoy existe a la hora de definir esta figura, y destacó que «ahora contamos con la oportunidad de formular un marco que explique desde dónde entendemos este tipo de recurso». En su exposición, esta experta enumeró las medidas que actualmente ya se están aplicando en otros países europeos como Suiza, Alemania o Bélgica, entre otros, y que plantean el asistente sexual como un recurso dentro de los servicios de salud, además de potenciar una formación adecuada y la propia legislación de la figura. Inmaculada resaltó que, en España, la asistencia sexual sigue cargada de prejuicios morales y éticos «lo que genera grandes debates en torno a ella». Aún así, Ruiz de Lezana destacó que «estamos en un momento de salida de armario en el derecho sexual del mundo de la discapacidad en consonancia con el modelo de fomento de la autonomía». En este sentido, esta experta puso de relieve que hasta el momento la discapacidad física es el colectivo que ha liderado las cuestiones relacionadas con este tipo de recurso.
La sobreprotección, como en otros terrenos, es una de las cuestiones que «anula la capacidad de estas personas para realizar una petición o el reconocimiento de una apetencia sexual», explica Ruiz, quien además reconoce que hasta la fecha existe un mayor predominio del modelo médico-rehabilitador «más cercano al servicio asistencial donde no se potencia lo deseable sino la propia respuesta genital exclusivamente». En cuanto a los marcos actuales en los que se desarrolla esta figura, Inmaculada explicó que existen diferentes enfoques y, por lo tanto, servicios «que en sí mismos crean la controversia a la hora de dar esa definición al asistente sexual». Hoy en día se encuentran recursos que nacen y se desarrollan desde el plano del derecho al sexo en la discapacidad; desde el recurso meramente asistencial; desde el encuentro lúdico entre personas y hasta el servicio profesional erótico especializado.
Para esta profesional, los sexólogos deben empezar a trabajar en la figura partiendo del reconocimiento de la interdependencia «que nos sitúa a todas las personas en situaciones vitales que fluctúan entre momento de independencia y otros de dependencia». En este sentido remarcó la necesidad de potenciar «la mirada inclusiva que pone el acento en la potencialidad de la personas para alcanzar la mejor versión de uno mismo, y de esta manera poder definir dónde y cómo se puede incentivar el capital erótico de las personas con discapacidad como otra forma más de seguir creciendo en autonomía social».
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Celebramos el compromiso con la sanidad universal
Entidades firmantes del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal celebran en un comunicado que estamos ante la oportunidad de acabar con la exclusión sanitaria establecida en el Decreto 16/2012.
El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de “retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella”.
En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.
Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.
Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012
Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.
La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.
Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.
Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
Un nuevo contexto
Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Adhara-Sevilla
Amnistía Internacional
Apoyo Positivo
ARI-PERU
Asociación Camino de Fe y Esperanza
Asociación “El Pueblo que queremos”
Asociación de Enfermería Comunitaria
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Sociocultural Entre Mares
CALCSICOVA
Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Foro Galego de Inmigración
Fundación BACHUE
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)
Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria
Red Acoge
Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)
Red Transnacional de Mujeres
Salud por Derecho
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Trabajando en Positivo
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)
Estas son las razones por las que aún no hay un anticonceptivo hormonal masculino
En su día ya nos llevamos las manos a la cabeza cuando el comité médico encargado de supervisar el ensayo sobre un anticonceptivo masculino prometedor –combinaba una inyección de testosterona junto con un implante de progesterona– lo suspendió por los efectos adversos que generaba –cambios de humor, acné o aumento de la libido…–, iguales o menores a los de cualquier anticonceptivo hormonal femenino, según explicaron los autores en The Journal of Clinical Endocrinology Metabolismo.
La investigación para encontrar un anticonceptivo masculino eficaz y seguro no es nada nuevo, pues expertos llevan trabajando en el área al menos 50 años. Ignacio Moncada, jefe de urología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, explica que se han probado varias opciones, como suministrar regímenes de testosterona sola para producir azoospermia (falta de espermatozoides en el semen). No obstante, resultó ineficaz debido a que no funcionó en todos los varones y a las altas dosis necesarias.
Los últimos ensayos se están centrando en combinaciones de testosterona y progestágenos, aunque el experto asegura que “aún se necesita afinar en las formas de administración y entender mejor los potenciales efectos adversos a corto y largo plazo”. Esta última opción consiste en administrar testosterona u otras combinaciones para frenar de manera reversible la producción de la hormona folículo estimulante (implicada en la maduración de las células germinales) y por lo tanto, detener la producción de espermatozoides en el testículo.
Según Moncada, el hecho de que aún no esté en el mercado es porque ninguno ha demostrado ser eficaz por completo sin efectos adversos y porque se necesita alrededor de tres meses para conseguir la falta de espermatozoides en el semen tras iniciarse el tratamiento, así como también se precisa del mismo tiempo para revertir esta ausencia cuando se interrumpe.
El desarrollo se ha frenado por la falta de fondos
Por otro lado, señala que el mayor hándicap al desarrollo de una opción definitiva ha sido la falta de fondos, puesto que las principales compañías farmacéuticas y de biotecnología han abandonado el campo de la investigación de anticonceptivos masculinos en la última década.
“No queda claro si esto se debe a una preocupación por los dudosos o escasos beneficios económicos, los posibles obstáculos regulatorios, la oposición religiosa, el prejuicio generalizado acerca de que la planificación familiar es un ‘problema femenino’ o las demandas legales derivadas de efectos secundarios inesperados (como ocurrió con los anticonceptivos femeninos). Lo que sí está claro es que esta falta de interés de la industria farmacéutica ha obstaculizado la introducción de nuevas alternativas en el mercado”, sentencia el urólogo.
Hasta ahora casi todas las opciones están pensadas para las mujeres, son ellas quienes han de medicarse o las que suelen asumir toda la carga económica que supone. A pesar de todo, sea una cuestión sociocultural también hay una biológica.
Moncada explica que “en la mujer solo se produce la maduración de un óvulo por ciclo y es más fácil bloquearlo hormonalmente, mientras que en el varón no hay ciclos, puesto que se producen espermatozoides continuamente y se expulsan muchos millones de ellos en cada eyaculación con un proceso de maduración de meses, de tal manera que lleva más tiempo frenarlo”.
Los expertos aseguran que se están desarrollando fármacos con un potencial excelente
“Desde un punto de vista sociológico, la aparición de la píldora anticonceptiva en los años 60 supuso una auténtica revolución sexual para las mujeres. Su sexualidad ya no se veía limitada por el miedo a un embarazo no deseado y les permitía mantener mayor control sobre ‘cuándo y con quién’, creo que no se debería renunciar a ese grado tan alto de libertad alcanzado. Poner la anticoncepción de la pareja en manos de los hombres quizás no sea una gran idea”, señala el experto.
Pese a todo, la esperanza y el optimismo no deben decaer. El urólogo asegura que se están desarrollando fármacos con un potencial excelente, cuyas pruebas son tan alentadoras que hay motivos para pensar que en un futuro cercano dispongamos de un anticonceptivo hormonal masculino.
Asimismo, también se están buscando alternativas no hormonales como es el caso de esta investigación con un medicamento que emplea el compuesto EP055, para impedir hasta en un 20% la movilidad de los espermatozoides durante 24 y 48 horas posteriores a la toma (a los 3 o 4 días se restablece su motilidad), publicado en la revista PLOS.
“El problema es que no se ha estudiado su impacto sobre la fertilidad, además estos estudios se han hecho en primates y habría que estudiar su efecto en humanos, pasando por todas las fases de los ensayos clínicos. Algo que lleva años de investigación e ingentes cantidades de dinero”, concluye Moncada. Aun así, seguiremos esperando, aunque cada uno tome su decisión pero que al menos exista la opción.
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Violencia de control entre adolescentes, al alza por las nuevas tecnologías
El porcentaje de jóvenes de 16 a 19 años que ha sufrido un caso de control por parte de sus parejas asciende a un 25% en el último año.
La violencia de género es una lacra social que preocupa y mucho a la sociedad española. La concienciación sobre este problema ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, aunque los más jóvenes están sensibilizados respecto a estas agresiones, siguen conservando roles y estereotipos de género de épocas anteriores, que pueden derivar en una situación de maltrato hacia la pareja.
Por ello, y para erradicar sus consecuencias, es esencial reconocer que estas visiones equivocadas siguen existiendo en muchos casos, tal y como nos advierten iniciativas como Por un uso Love de la Tecnología. Proyecto con el que Orange pretende concienciar sobre la importancia de un uso seguro y responsable de las tecnologías. En esta ocasión lo hace centrándose en la violencia de control.
La tecnología evoluciona, los roles de género no
Los comportamientos posesivos y obsesivos dentro de la pareja pueden llegar a extremos peligrosos de control. La normalización de actitudes proteccionistas de los celos, y de la exigencia de entrega total está en la raíz de la violencia de género. Un tipo de actitudes que se puede agravar si se utilizan las nuevas tecnologías para acosar o controlar al otro.
Los organismos internacionales aconsejan clasificar la violencia de género en cinco tipos: la física, la sexual, la psicológica de control, la psicológica emocional y la económica. La física es la más conocida, visible y denunciada; no obstante, es también la culminación de un ciclo que empieza con maltratos psicológicos, emocionales y de control, restando autonomía y capacidad de respuesta a la víctima de forma progresiva.
Los jóvenes tienen una visión tradicional de los roles de género: ellos son posesivos y ellas deben guardar lealtad y fidelidad
El móvil: una herramienta de control
Datos del Ministerio de Sanidad estiman que el porcentaje de jóvenes de entre 16 y 19 años que ha sufrido violencia de control por parte de sus parejas ha ascendido a un 25% en el último año (frente a la media de la población en general, que es del 9,6%). En cuanto a la forma de control, el mecanismo más normalizado entre los jóvenes es el cibercontrol.
Los acosadores revisan el móvil de sus parejas, justificándose en que quieren comprobar que no están siendo engañados, o bien preguntar por su paradero, compañía y actividades. También apelan a un falso romanticismo cuando exigen el intercambio de contraseñas y claves de acceso, como prueba de amor y confianza.
La situación es preocupante si se considera la normalización de estas actitudes. Y es que encuestas realizadas por el Centro Reina Sofía en 2017 indican que, en España, una de cada cuatro personas de entre 15 y 29 años opina que ciertos comportamientos de control forman parte de la normalidad de una pareja. Y por ello, no le dan la importancia que deberían.
“En mi experiencia trabajando con adolescentes, en cualquier cosa que tenga que ver con comportamientos sexistas, conductas de control y violencia psicológicas la percepción de riesgo es muy baja”, asegura Raquel Hurtado, coordinadora del Área de atención a jóvenes de la Federación de Planificación Familiar Estatal. La experta remarca, además, que estas conductas se justifican equivocadamente apelando a ideas y mitos del amor romántico: “A más celos, más amor. A mayor control, más amor”.
Los celos y las exigencias tales como el intercambio de contraseñas han de ser reconocidos para poder ser evitados
Más denuncias en menores de edad
Las cifras recogidas en la estadística anual realizada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial muestran que cada vez se registran más denuncias por violencia de género entre menores de edad. En 2017 se registraron 266 casos, un 48% más que los 179 del año anterior.
Este aumento de denuncias podría tener otra lectura: aumenta la concienciación de la población y con ella la capacidad de reconocer y responder ante estas violencias en sus etapas más tempranas, reduciendo su daño a largo plazo.
Las denuncias por violencia de género entre menores de edad aumentan cada año
Sin embargo, según Hurtado, los comportamientos de control siguen sin parecer alarmantes para los adolescentes. “A no ser que la víctima sea capaz de verbalizar lo que está ocurriendo, esa situación de maltrato puede pasar desapercibida”, concluye.
La tendencia a naturalizar ciertas pautas de comportamiento, como la violencia de control, dificultan la superación de las mismas. Aprender a reconocer actitudes abusivas y a responder ante ellas, sobre todo en casos del entorno más próximo, son claves para prevenir cualquier tipo de maltrato.
Es por ello que es tan importante reconocer lo equivocado de estos comportamientos abusivos de control y concienciar sobre la necesidad de erradicarlos, especialmente entre los más jóvenes.
Aunque muchas de estas actitudes están empezando a ser identificadas y rechazadas, queda mucho por hacer en materia de educación sobre el buen uso de las tecnologías. Iniciativas como la citada “Por un uso Love de la Tecnología” de Orange trabajan para reducir la tolerancia ante actitudes de control, dinámicas de vigilancia y sometimiento a través de Internet y redes sociales.
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Un colegio público de Madrid censura unas charlas sobre educación sexual para niños de 10 a 12 años
La actividad, preparada por el centro de salud de Sanchinarro, explica asuntos como la diversidad sexual o la menstruación. La dirección del colegio la suspendió porque no eran adecuados al tener connotaciones ideológicas.
La charla la iba a dar en marzo, del 5 al 8 de ese mes, la matrona del Centro de Salud de Sanchinarro (Madrid capital) y la dirección del colegio había informado de forma oficial a las familias de los alumnos de 5º y 6º de Primaria, a través de un correo electrónico, del contenido de la actividad complementaria: conocer los aparatos de reproducción femenino y masculino, la función de reproducción humana, los cambios hormonales que se sufren en la adolescencia y los problemas de autoestima que generan. El objetivo, marcado por el colegio, era fomentar conductas responsables y maduras en el ámbito de la sexualidad y promover valores positivos en las relaciones con los demás.
Hasta el 5 de marzo, todo iba bien. Los niños acudieron ese día a clase pensando que iban a asistir a ese taller pero volvieron a casa con malas noticias. La actividad se había suspendido a última hora sin comunicárselo a las familias. "Los profesores les dijeron a algunos de los chavales que había padres que se habían quejado", cuenta David Tarín, presidente del AMPA del CEIP Josep Tarradellas, "aunque al tratarse de una actividad complementaria la asistencia no es obligatoria". La actividad se canceló y hasta hace unos días, el centro no explicó los motivos a los padres. En el último Consejo Escolar, la dirección ya especificó, y así está recogido en las actas, que "se tuvo que cancelar porque los contenidos no eran adecuados para el nivel de los niños y tenían connotaciones ideológicas". Las familias no dan crédito porque consideran que es una decisión muy grave con tintes "homófobos".
Se muestran también sorprendidos en el centro de salud que ha preparado el taller. Explican que se habían programado varias actividades para abordar las diferentes orientaciones sexuales desde el prisma de la autoestima. "No se habla de la homosexualidad como tal pero sí hay ligeros retoques sobre los niños que pueden pensar y opinar y sentirse diferentes", aseguran fuentes de este centro sanitario. La exposición también aborda la anatomía femenina y masculina y habla de la copa menstrual, del uso de tampones y compresas o de las poluciones nocturnas en el caso de los niños. El colegio se puso en contacto con la matrona encargada de preparar la charla unos días antes de la fecha fijada para pedirle que cambiara alguno de los contenidos. "De 50 diapositivas querían que dejáramos solo 5", nos explican estas fuentes, "todas las de anatomía o las de la copa menstrual". "Retocar no era, era no hablar de nada". La matrona se negó a cambiar su exposición y por eso el centro acabó suspendiendo la actividad.
Extracto del acta del Consejo Escolar del CEIP Josep Tarradellas
Para las familias la decisión de la dirección del colegio atenta directamente contra la libertad de los padres para educar a sus hijos y, más concretamente, contra la ley aprobada en la Asamblea en contra de la LGTBifobia que promueve que se fomente la educación en la diversidad en los centros educativos. "Yo no sé qué opinará el consejero pero teniendo en cuenta que votó a favor de esa ley, parece claro que tener una dirección en un centro público que va claramente en contra de esa ley no es lo más apropiado", señala David Tarín.
La actividad finalmente se va a hacer en el centro de salud de Sanchinarro que va a ceder sus instalaciones para que las familias puedan acudir con sus hijos a estos talleres. Habrá varios turnos, el primero este miércoles 30 de mayo. La consejería de educación y la inspección educativa avalan la decisión del colegio aunque no detallan qué parte del contenido tiene esas connotaciones ideológicas que le ha llevado a vetarlo.
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Holanda incluye el género neutro en el registro civil
Una persona intersexual inscrita como varón que luego se identificó como mujer reclamó la creación de una tercera opción en la documentación oficial.
La justicia holandesa ha decidido que ha llegado el momento de actualizar el registro civil para que incluya a hombres, mujeres y los que no encajen en una de las dos categorías al nacer: los intersexuales. Un tribunal de Limburgo (sur del país) ha sentado un precedente al fallar en favor de un demandante intersexual, inscrito en 1961 como varón por sus padres, que pidió en 2001 un cambio del acta oficial para que pusiera mujer. Todavía incómodo, había reclamado a los jueces que reconocieran un “tercer género: neutro”. Este lunes le han dado la razón. De otro modo, señalan, no tendría derecho a su “autodeterminación personal, autonomía y privacidad”.
El solicitante se llama Leonne, y en una entrevista en la radio ha reconocido que no se sentía bien "ni como hombre ni como mujer". Veinte años después de intentarlo, acudió a los tribunales. Sus padres le inscribieron como varón porque creyeron que “sería más fácil para su hijo”, en función de los informes médicos recibidos. Aunque no se pudo establecer con claridad el sexo, con el tiempo, él no se sintió reflejado en un modelo masculino. En 2001, lo intentó como mujer tras diversas operaciones. En ambos casos, el registro se adaptó. El presente fallo puede contribuir a modificar las leyes, porque hasta ahora prevalecía una decisión del Tribunal Supremo de 2007, en un caso similar. Entonces, los magistrados consideraron que “no era todavía el momento adecuado”, para un cambio de esta índole. Sus colegas de Limburgo sostienen que “ya es hora de reconocer la posibilidad de un tercer género dada la evolución social y jurídica operada”.
La decisión ha sido aplaudida por el colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) holandés, que lo califica de “paso en la buena dirección”. La rama holandesa de la fundación internacional que aboga por los derechos de los intersexuales, subraya asimismo su contento. Lamenta, eso sí, “que el fallo sea solo válido en el ámbito de la intersexualidad; cualquier holandés debería tener esta opción”, dicen.
El artículo 1 de la Constitución holandesa “prohíbe la discriminación en función de la religión, opinión política, raza, sexo o cualquier otro motivo”. En 2017, el nuevo Gobierno de centro derecha anunció su deseo de añadir una disposición adicional a la Carta Magna, “para que prohíba específicamente la discriminación por culpa de la orientación sexual”. El plan añadía la paternidad múltiple, permitiendo que los niños pudieran tener más de dos progenitores. Ambos temas son delicados para los partidos confesionales, uno de los cuales, el protestante Christen Unie, forma parte de la coalición en el poder. Están en contra, pero se comprometieron a no torpedear la futura votación sobre el particular.
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viernes, 18 de mayo de 2018
Es momento de consolidar los derechos logrados
Lo comparten las numerosas organizaciones participantes en la jornada sobre la agenda mundial de desarrollo celebrada en Madrid. La situación de los derechos sexuales y reproductivos en el escenario internacional, en el foco.
“Es muy importante transmitir el mensaje de que la perspectiva de género tiene que atravesar toda la agenda mundial para el desarrollo. No podemos quedarnos sólo en los objetivos 3 ó 5 de la agenda 2030 cuando hablamos de género en las políticas de desarrollo”. Catarina Carvalho, responsable de la oficina en Ginebra de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), ponía así en palabras una de las principales conclusiones de la jornada La salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Agenda 2030: ¿dónde estamos?, de la que la FPFE ha sido anfitriona. En esta jornada, las representantes de numerosas organizaciones sociales han compartido información y propuestas para contribuir a que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que deben cumplirse para el año 2030, garanticen el cumplimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Guillermo González, presidente de la FPFE, y Almudena Rodríguez, responsable de incidencia política internacional de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, han sido también ponentes en este seminario, realizado en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Es el momento de consolidar avances
La representante de IPPF ha resaltado que en este momento es fundamental consolidar los avances que se han logrado en las últimas décadas en derechos sexuales y reproductivos, y para ello la sociedad civil tiene que participar en los foros internacionales donde se están tomando decisiones sobre políticas mundiales. Además, para Catarina Carvalho es importante que se tenga en cuenta el trabajo que están haciendo diferentes organismos internacionales y que contribuye a completar la propia agenda 2030. Es el caso de las nuevas directrices internacionales sobre educación sexual cuya elaboración y publicación ha liderado la UNESCO. Un asunto éste, el de la educación sobre sexualidad, que Carvalho y el resto de participantes de la jornada sitúan como una de las máximas prioridades.
La decepción respecto al papel que la Unión Europea está jugando en los últimos años en la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con una pérdida de su liderazgo y una creciente subordinación a las posiciones de los Estados Unidos, junto con la constatación de que surgen nuevos gobiernos que en diversos lugares del mundo están reivindicando estos derechos, han atravesado también la intervención de Carvalho. La responsable de IPPF ha hecho hincapié en que el contexto internacional obliga a las organizaciones de la sociedad civil a aumentar su capacidad de comunicarse y buscar alianzas con una diversidad de actores sociales que van más allá de “las convencidas”, y a un trabajo serio de seguimiento y control de los datos e indicadores sobre salud sexual y reproductiva y los derechos relacionados.
“No sólo hay falta de conocimientos. También de sensibilidad”
La situación de estos derechos en el Estado español ha sido evaluada en el seminario por el presidente de la FPFE, Guillermo González, a la luz del informe voluntario que el gobierno va a presentar sobre el nivel de cumplimiento de la agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en julio de este año.
Una situación que para Guillermo González se caracteriza por la paralización o incluso retroceso, en los últimos años, en cuestiones que parecían estar resolviéndose en nuestro país, y que tiene su máxima expresión en el hecho de que “prácticamente todas las leyes sobre derechos sexuales y reproductivos han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional”. El presidente de la FPFE lamenta especialmente la situación de la educación sexual, “que no es que sea una asignatura pendiente, es que está en suspenso continuo” y se imparte sólo donde se puede y en silencio: “Nadie ha tenido el valor de implementar de verdad la educación sexual. Se intentó con la asignatura de educación para la ciudadanía, que se suprimió precisamente porque hablaba, entre otras cosas, de educación sexual”. Y ello a pesar de que su necesidad está establecida por diversos organismos interestatales desde hace bastantes décadas.
Las desigualdades en el acceso a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo, y las carencias en la atención de la salud sexual y reproductiva han sido señaladas también por Guillermo González como realidades que se deben abordar de forma urgente y no sólo desde las instancias sanitarias autonómicas. Es necesario, por ejemplo, que se saque del cajón la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo plazo de ejecución ha terminado sin que se haya podido aplicar más que muy parcialmente, y que ni ha sido evaluada ni cuenta con presupuesto; además, ha señalado González, no puede dejarse sólo en manos de las instancias sanitarias un asunto que debe ser asumido también desde otras áreas, entre ellas la educativa. El presidente de la FPFE ha recordado que en las reuniones que esta organización ha tenido con distintas administraciones autonómicas durante este año, se ha observado en algunas instancias sanitarias “no sólo falta de conocimiento, sino también falta de sensibilidad y pervivencia de mitos sobre la anticoncepción que nos sorprenden”. En este sentido, considera urgente la formación a los agentes sanitarios y la educación a las personas usuarias como vías imprescindibles para que se puedan ejercer los derechos. “Sólo así dejará que percibirse como una intromisión que se pregunte sobre la vida sexual en una consulta mientras que sí se ve normal (lógicamente) que se pregunte por el color de las heces, o que a veces nos parezca frívolo exigir una buena anticoncepción a nuestro médico, que tan bien nos está tratando la diabetes”.
En definitiva, Guillermo González ha recordado que la universalidad de la agenda 2030 implica también su aplicación en las agendas nacionales y locales y una coherencia de políticas tanto en el ámbito territorial como intersectorial, aspectos ambos de los que se tendrá que dar cuenta en los foros internacionales.
“Para que la agenda 2030 reconozca los derechos de las mujeres tiene que ser completada con otras agendas”
“En la agenda 2030 no se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Así de contundente es el análisis que hace Almudena Rodríguez, responsable de incidencia internacional de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB), para quien es necesario hacer una mirada crítica a la agenda mundial para el desarrollo. “Sin embargo”, ha añadido, “la agenda 2030 puede ser considerada como una hoja de ruta que se puede y se debe articular con otras agendas que sí son vinculantes jurídicamente” como requisito para que los derechos sexuales y reproductivos se conviertan en obligaciones jurídicas y políticas. Y en su opinión uno de los espacios fundamentales en esta articulación es el urbano: “desde la ciudad se pueden establecer estrategias que permitan, por ejemplo, construir alianzas para el monitoreo de las políticas o acercar a la sociedad civil el relato de la agenda 2030”.
La APFCiB ha asumido estas tareas como propias, en colaboración con otras organizaciones sociales y organismos públicos, y para ello ha hecho visibles los vínculos que existen entre cada objetivo de desarrollo sostenible y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, “porque es evidente que sin hablar de estos no se pueden entender los ODS”. Es el camino hacia la “agenda 2030 feminista”, que supondría el cumplimiento de los derechos de las mujeres pero también de otros colectivos en situación de vulnerabilidad frente a los intentos de los grupos ultraconservadores de imponer en los escenarios de decisión sus agendas.
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La atención integral a las sexualidades: mucho por cultivar
El intergrupo en el Parlamento Vasco ha repasado el estado de la atención a las sexualidades y la educación sexual en el País Vasco y en Europa, con el apoyo de Emaize Centro Sexológico y de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Contribuir a ampliar el conocimiento de las y los parlamentarios y su información sobre los procesos internacionales en los que juega un papel la salud y los derechos sexuales y reproductivos es uno de los principales objetivos de las entidades sociales que colaboran con el Intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva del Parlamento Vasco. Por eso la última sesión del intergrupo se ha dedicado a entender a qué nos referimos cuando hablamos de la atención integral a las sexualidades, cómo se aborda esta realidad en la agenda mundial de desarrollo (la llamada agenda 2030) y que se está haciendo desde el País Vasco.
“La vivencia positiva de la sexualidad, la atención a la misma y la defensa de los derechos sexuales no son reconocidos como objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en sí mismos en la agenda mundial de desarrollo (la llamada Agenda 2030)”. Su bajo perfil y dispersión en dicha agenda hace difícil que se aborde la atención a la sexualidad desde una perspectiva integral, tanto en los ámbitos internacionales como locales. A pesar de esta constatación, las y los participantes en la jornada reconocen también que la sexualidad se menciona en varios de los ODS y está presente en forma de indicadores, y por tanto una de las conclusiones de la sesión ha sido que para contribuir a su cumplimiento y en coherencia con otros instrumentos internacionales que reconocen como un derecho la atención a la sexualidad, es necesario abordar ésta de una manera integral.
Y precisamente la integralidad de la atención, el reconocimiento de la realidad diversa de las sexualidades y el cultivo como punto de partida para acercarse a este ámbito, en sustitución del miedo, han centrado la sesión del integrupo. Para las representantes de la FPFE y de Emaize, este abordaje, junto con la inclusión de la educación sexual de manera formal en el currículo escolar, produce, de acuerdo con numerosos estudios realizados en varios países europeos, un aumento de la confianza y un fortalecimiento de las habilidades para lidiar con diferentes desafíos; el empoderamiento de las y los jóvenes en el desarrollo de relaciones más fuertes y significativas; la reducción de los embarazos de adolescentes y de los abortos, y la disminución de las tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de VIH.
Durante la jornada se ha analizado el estado de dicha educación y formación sobre sexualidad, así como los servicios de asesoramiento, terapia y atención comunitaria y asistencia en el País Vasco. Y los y las participantes coinciden en que “hay mucho trabajo positivo en marcha”, y sin embargo sigue sin contarse con una perspectiva integral de la sexualidad, producto en parte de la insuficiente coordinación entre los departamentos o áreas correspondientes y de las carencias en el seguimiento y evaluación efectivos de la atención a la sexualidad. Por tanto, llaman a impulsar propuestas que incidan en la interrelación entre las agendas mundiales y locales y en el desarrollo de programas que contribuyan de manera coherente y coordinada al ejercicio de una sexualidad plena y libre.
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