La FPFE explica en el siguiente comunicado por qué
acata pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional contra el recurso
interpuesto por la organización tras la decisión del Ministerio del Interior de
revocar la declaración de utilidad pública. Expresamos también nuestro asombro
por tener que seguir defendiendo realidades que la inmensa mayoría de nuestra
sociedad ve como normales, y agradecemos la enorme solidaridad mostrada.
La FPFE acata la sentencia de la Audiencia Nacional
sobre el recurso presentado contra la decisión del Ministerio del Interior de
revocar la declaración de utilidad pública de la FPFE a instancias de la
Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Sin embargo, no compartimos
la raquítica fundamentación en la que se sustenta la resolución del Tribunal, a
saber, que el 14 de octubre de 2015 la FEDERACIÓN fue sancionada por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicitar fármacos que la
ley prohíbe anunciar tal como se hizo.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional omite
cualquier referencia a que la sanción que fue impuesta a la FPFE por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue una sanción leve en grado
mínimo.
La infracción que, a partir de denuncia formulada por
la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) fue objetivada por la
Comunidad de Madrid, se concretaba en “publicidad de medicamentos de
prescripción médica, algunos financiados por el Sistema Nacional de Salud, en una
publicación y en una página Web accesibles al público en general” (Es decir,
por haber subido a la web la revista Diálogos durante un breve tiempo).
En el curso de la tramitación del expediente
sancionador, la Administración requirió a la FPFE que restringiera el acceso a
dicha publicidad de forma que solo pudieran acceder a la misma personas
facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, requerimiento que se
cumplió de inmediato (cumplimiento que, por cierto, se ha usado en ciertos
medios para decir que la FPFE estaba intentando ocultar pruebas).
En la resolución por la que se impuso a la FPFE una
sanción leve en su grado mínimo, se reconocía expresamente por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid que:
El beneficio obtenido por la publicidad de
medicamentos había sido “0” euros.
La FPFE disponía de autorización para la inserción de
mensajes publicitarios concedida por el Servicio de Ordenación, Control y
Vigilancia de Productos Farmacéuticos.
Por todo, no compartimos la decisión de la Audiencia
Nacional por la que se convalida la revocación por el Ministerio del Interior
de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, a petición de la
Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Entidad que, a nuestro
entender, carecía manifiestamente de legitimación alguna para impugnar la
inicial concesión de dicha declaración. Y
consideramos absolutamente desproporcionado que una sanción leve en
grado mínimo por los hechos relatados pueda determinar la revocación de la
declaración de utilidad pública de nuestra Federación, concedida por el
Ministerio del Interior tras tramitarse un prolijo expediente en el que se
obtuvieron todos los preceptivos informes favorables de las distintas
Administraciones Públicas afectadas.
Es falso por tanto, como se ha publicado en algunas
webs y algunos medios, que se nos haya sancionado por financiación ilegal y
además reiterada. También es falso que se haya ocultado la sanción por la falta
leve cuando se solicitó el reconocimiento de la declaración de utilidad
pública, ya que dicha solicitud se registró en febrero de 2015, bastantes meses
antes.
También sigue asombrando a la FPFE la celeridad y el
procedimiento seguido por el Ministerio del Interior para revocar la
declaración de utilidad pública: El 5 de mayo de 2016 se publica en el BOE que
se declara a la FPFE como entidad de utilidad pública. Al día siguiente, el 6
de mayo, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpone un recurso
afirmando que la FPFE no puede ser de utilidad pública porque ha sido
sancionada por financiarse ilegalmente, con base en la infracción
administrativa leve mencionada más arriba. El 26 de mayo de 2016, es decir,
pocos días después, el Ministerio del Interior revocó la declaración de
utilidad pública de la FPFE.
Esta “falta administrativa leve” ha sido usada desde
entonces para poner en marcha sucesivas campañas de acoso contra la
organización y contra sus trabajadoras y colaboradoras. Se han iniciado
campañas en redes sociales y ante diversos organismos nacionales e internacionales;
se han enviado de manera masiva mensajes a las entidades públicas de las que
recibimos alguna subvención para que éstas fueran suprimidas; diversos medios
de comunicación han difamado a la organización, llegando a vincular a la FPFE
con un supuesto “tráfico de órganos de bebés abortados”; se ha señalado
públicamente y en medios online a varias trabajadoras y a varios de nuestros
colaboradores, y no se han retirado comentarios de personas que indicaban cómo
éstos deberían ser tirados “al camión del gas”…
No vamos a entrar en consideraciones morales ajenas
que pertenecen al ámbito de las creencias de las diversas organizaciones
civiles legales que hay en nuestro país. Sólo respondemos por la propia
organización: la FPFE defiende el derecho de todas las personas a decidir
libremente sobre su sexualidad y su reproducción; defiende el derecho al aborto, un derecho que está
legalmente reconocido en nuestras leyes, por lo que entendemos que no tenemos
que entrar a justificarlo.
Defendemos la educación sexual, que también está contemplada en nuestra
legislación, concretamente en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, y
recomendada reiteradamente por organismos internacionales como Naciones Unidas
como una de las mejores vías para prevenir la violencia de género, los
embarazos no planificados o las
infecciones de transmisión sexual.
Nos asombra tener que seguir defendiendo realidades
que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como normales y que deben ser
abordadas desde el ámbito de la salud y de los derechos de las personas, pero
sin duda seguiremos haciéndolo. Y sólo esperamos que, como ya hemos dicho en
algunos de nuestros últimos comunicados, las creencias religiosas no se usen
como un instrumento para legislar o para impartir justicia en su nombre cuando
nuestra Constitución establece que estamos en un Estado aconfesional.
Aprovechamos para dar las gracias a tantas personas y entidades que nos están
mostrando una enorme solidaridad.
