Muchos años han pasado desde 1985 y una sociedad que ha experimentado tan grandes avances en el reconocimiento de nuevos derechos tendría que avergonzarse de no aceptar que detrás de una mujer que decide abortar hay un duro proceso, íntimo y personal, que requiere respeto, protección legal y cuidados sanitarios.
Desde 1994, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP están comprometidos con los Planes de Acción de las Conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995) que apoyan ampliamente el derecho a la planificación familiar. En este sentido, el aborto es un recurso, no el primero y tampoco el mejor, para controlar nuestra fertilidad, para actuar frente al embarazo no deseado.
El aborto también está relacionado a derechos fundamentales reconocidos a las mujeres, entre los que cabe destacar el derecho a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, al libre desarrollo de su personalidad… todos ellos vinculados al amparo que el Estado y la sociedad están obligados a darlas frente a la imposición de un embarazo no deseado.
Somos los que de verdad apoyamos a las personas que desean tener hijos…, sin imposiciones, cumpliendo simplemente con nuestra obligación de respetarles. Así, no ha lugar a la primera gran mentira del conservadurismo español: definir a las personas y sectores que defendemos el derecho al aborto como pro-abortistas.
Por este tipo de presiones, el sistema sanitario público se ha “des-responsabilizado” incomprensiblemente de una atención de salud tan importante como es el aborto. ¿Podríamos imaginar alguna otra situación médica en la que los y las pacientes tuvieran que salir de su ciudad para ser atendidos o atendidas, tuvieran que costearse una intervención ginecológica o fueran maltratadas –como en ocasiones ha sucedido- por personal sanitario amparado por un ilimitado derecho a la objeción de conciencia?
No debemos tampoco caer en la tentación de vincular más casos de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) o peor cobertura sanitaria a políticas sanitarias progresistas. Todo lo contrario… como muestra sirvan datos recientes sobre la situación del aborto en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que presenta las mayores tasas de IVE de todo el Estado.
Si preguntáramos a la población española: ¿Usted ha abortado alguna vez? La respuesta general sería probablemente NO. Si preguntáramos: ¿Usted conoce a alguien que haya abortado? Todo el mundo contestaría SI. Y, por último, si preguntáramos ¿Está de acuerdo en que una mujer que aborta vaya a la cárcel? La respuesta unánime sería: NO. Por eso desde la FPFE defendemos un marco legal que evite la persecución de las mujeres y de los profesionales sanitarios que cumpliendo protocolos sanitarios consensuados participan en el proceso de aborto.
La propuesta de la FPFE
Nuestra propuesta se concreta en una Ley de plazos, con un límite basado en las 22-24 semanas de gestación:
-En la hipótesis de establecer un plazo inferior a las 22-24 semanas señaladas, consideramos imprescindible complementar el sistema de plazos, con un sistema de indicaciones médicas por razones de salud física y psíquica de la mujer. En caso de riesgo vital para la gestante, defendemos el no establecimiento de límites, de acuerdo al derecho común y sanitario; además de medidas para dar cobertura legal y sanitaria a situaciones extremas.
-El aborto consecutivo a un delito de violación, no tendría lugar en el caso de una ley de plazos.
-Entendemos que el aborto no consentido, realizado contra la voluntad de la mujer, está suficientemente protegido por otros marcos legales vigentes. Una razón más para no mantener el aborto dentro del Código Penal.
-Defendemos que la argumentación relativa al menor maduro que se contempla en la Ley de 2002 sobre Autonomía del Paciente, citada con anterioridad, debe ser ampliada a la atención de aborto.
-Además, defendemos la participación efectiva y equitativa del sistema nacional de salud en la prestación sanitaria a la interrupción del embarazo:
Garantizando la existencia de servicios ginecológicos hospitalarios con capacidad para llevar a cabo interrupciones de embarazo en todas las Comunidades Autónomas, estableciendo medidas de control y corrección específicas en caso de incumplimiento.
Regulando la objeción de conciencia (OC) mediante un documento firmado por cada objetor que recoja de forma precisa la práctica sanitaria a la que afecta: para que los responsables sanitarios puedan organizar los servicios y cubrir las necesidades de asistencia, protegiendo la confidencialidad de acuerdo a la vigente Ley de Protección de Datos, acogiéndose solo a la OC las personas y no las instituciones, aplicándose esta regulación a los sanitarios directamente implicados en el proceso y nunca en la atención sanitaria previa y posterior a la intervención.
Garantizando que, al menos, todas las interrupciones de embarazo demandadas por mujeres que han recibido -en la sanidad pública- un diagnóstico prenatal de que su bebé nacerá con graves taras, se realicen, sin excepción, dentro del mismo hospital.
Incrementando la implicación de servicios de planificación familiar y atención a la salud sexual y reproductiva en los procesos relacionados con el aborto.
Promoviendo la educación sexual de calidad temprana y acorde a los diferentes grados de madurez y estrategias que promuevan los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, incluyendo los dirigidos a la gente joven, y que favorezcan la financiación pública de los métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de urgencia.
Ningún marco legal ni sanitario garantiza que el cien por cien de los casos funcione a la perfección. Siempre quedará alguna mujer desprotegida. Y siempre habrá una minoría de personas que harán un uso indebido de las posibilidades que se les ofrecen. Este extremo no debería ser utilizado como pretexto para limitar ese marco general o para castigar a la mayoría de gente, razonable y responsable, que necesita la protección legal y sanitaria que proponemos.
Acerca de los datos de IVE correspondientes a 2007
Entendemos que el incremento en los datos sigue una tendencia natural, un 10% sobre tasas relativas a cada mil mujeres en edad fértil no es un dato alarmante y de hecho sigue la tendencia de años pasados.
La tasa de un 32% de mujeres que han pasado anteriormente por un aborto previo es similar a la del año 2006 (31%). Cuantas más mujeres pasan por abortos más aumenta esta posibilidad y lo que hay que subrayar es que un 68% de mujeres no ha pasado por ningún aborto previo.
Un 88% se ha realizado a las 12 o por debajo de las 12 semanas, lo que muestra el grado de madurez con que las mujeres acuden al aborto. Tan solo un 1,9% se ha realizado a las 21 semanas o más.
El dato de que un 59 % de las mujeres no han acudido a consulta de planificación familiar se mantiene respecto al año pasado (60%), señalando que no ha mejorado el acceso a estos servicios.
La atención en servicios públicos de salud baja a un 2%, señalando que el sistema sanitario público se sigue “des-responsabilizando” de esta atención a la salud.
Otros muchos datos se mantienen similares a 2006, a saber: que la mayor tasa se da en mujeres de 20 a 24 años; y que, sobre motivos, el 97% se da bajo salud materna.
Un dato para destacar es que si se suman los 700 casos en Navarra (donde no existen centros, ni públicos ni privados) y los 12.500 de otras cuatro comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y Extremadura) donde no existen centros públicos que realicen IVE, sumamos 13.200 mujeres que no han tenido un lugar público al que acudir.
Políticamente hay que señalar que este incremento es a expensas de la población más vulnerable por razones económicas, culturales y educativas. También hay que señalar que para las mujeres autóctonas las tasas disminuyen.
Por último, manifestar que en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Baleares –gobernada por el PP en 2007- y Murcia) es donde se dan las tasas más altas. Las tasas más bajas se registran en Galicia, Cantabria y Extremadura.
Finalmente, a pesar de la idea de que facilitar el acceso a la anticoncepción incluida la de urgencia, aumentaría las tasas de aborto, el caso de Andalucía –donde se financia y se facilita- tiene una tasa por debajo de la media.
